Un exdirectivo de IDEA niega que la Junta tuviera un procedimiento para dar ayudas: «Sería un disparate»

Lara Revilla ha declarado este martes como testigo en el proceso contra 22 ex altos cargos de la Administración autonómica que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla. Entre los acusados por prevaricación y/o malversación de fondos públicos se encuentran dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis exconsejeros y 14 ex miembros más de sus gobiernos, entre ellos dos exdirectores generales del IFA/IDEA, que era la entidad instrumental que pagaba las ayudas que concedía la Consejería de Empleo.

El dinero llegaba a través de transferencias de financiación, pero el testigo, bajo cuyo mando estaba la asesoría jurídica de IFA, aseguró que conoció este «concepto» con motivo del sumario del caso ERE.

A preguntas de Encarnación Molino, letrada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex director gerente del IFA/IDEA ha explicado que el convenio marco del 17 de julio de 2001 que estableció este sistema por el que Empleo encargaba al ente instrumental el abono de las ayudas no era un verdadero convenio de colaboración, sino «un encargo de ejecución» al que la agencia no podía negarse porque venía de un superior jerárquico.

De hecho, a preguntas del letrado Juan Carlos Alférez, que representa al exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, este exdirectivo ha repetido que el convenio marco era «perfectamente prescindible» porque era «una declaración o protocolo de intenciones» porque las ayudas se podían haber otorgado mediante convenios particulares sin necesidad de «enmarcarlas, valga la redundancia de un marco solemne», en alusión al citado convenio marco.

Lara Revilla ha relatado que en el IFA « o te llevabas bien con la Consejería de Empleo o te tenías que ir », por lo que no se podía «entrar en confrontación» con su superior jerárquico, que era el consejero de Empleo, quien marcaba este sistema. «No estaba en nuestros cálculos», ha insistido.

El exdirector gerente del IFA ha señalado también que los convenios particulares por los que la Dirección General de Trabajo (Consejería de Empleo) concedía las ayudas tenían el respaldo presupuestario de la Consejería por lo que «ese dinero es intocable» y «técnicamente son transferencias finalistas».

Lara también ha contestado que «nunca, de ninguna manera» pensó que los convenios pudieran ser ilegales, a preguntas del letrado del exjefe del Gabinete Jurídica de la Junta de Andalucía, Francisco del Río.