La Guardia Civil como testigo de cargo en el juicio del caso de los ERE

Con sus declaraciones como testigos han hecho una enmienda a argumentos exculpatorios basados en la supuesta incompetencia, la desmemoria o la ignorancia, los lugares comunes que han predominado en los interrogatorios de los 22 ex altos cargos acusados de prevaricación y/o malversación por crear y mantener un procedimiento «opaco» para repartir ayudas entre prejubilados y empresas que comprometió 855 millones de euros.

Frente a respuestas como «no sé, señor fiscal», «no lo puedo aceptar», «no lo recuerdo», «yo no sé si se respetaba el procedimiento y no tengo por qué saberlo» o «no fui informado», con el que los acusados han tratado de endosar la culpa a sus subordinados y funcionarios, los autores de los informes policiales —que han sido ratificados en el juicio— implican a todo el Consejo de Gobierno en el fraude.

Al margen del efecto que tengan sus testimonios a la hora de dictar la sentencia —quedan aún más de 140 testigos por declarar—, los guardias civiles coincidieron en varios axiomas: «las ayudas son ilegales» porque se daban con «criterios arbitrarios»; «el procedimiento era totalmente opaco»; «hay menoscabo de fondos públicos»; «no hay ninguna norma reguladora», y el sistema «no es una idea del señor Guerrero [exdirector general de Trabajo]; Las cosas les vienen dadas de arriba». Los exdirectores generales, exviceconsejeros, exconsejeros y expresidentes niegan haberse enterado de nada, trasladando la idea de que el desconocimiento les eximía del cumplimiento de la ley. La UCO sostiene lo contrario.

El Consejo de Gobierno «conoció» y «amparó» el sistema y «estaba cebando» el programa para pagar las ayudas irregulares mediante sucesivas modificaciones presupuestarias. En estos términos se expresó el instructor de cuatro atestados incorporados al sumario , entre ellos el que dio pie al instructor del Tribunal Supremo para acusar de prevaricación a los expresidentes y los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera. A este último le imputó otro delito de malversación, que el juez Álvaro Martín atribuyó después a José Antonio Griñán en el auto de procesamiento.

La nueva fase de testificales comenzó con el comandante del Grupo de Delincuencia Económica, quien sostuvo que se creó el procedimiento que ha dado pie al juicio «para saltarse la fiscalización previa o crítica» de las ayudas y que el Gobierno «toma la decisión» de amortiguar con dinero público los conflictos laborales generados por el cierre de industrias. Describió el desahogo con el que se manejaba el dinero público en la Dirección General de Trabajo : «Guerrero y creo que también Márquez (su sustituto) le dice a través de correos a las aseguradoras [con las que los prejubilados suscribían las pólizas]: ‘Oye, este dinero que te he mandado págaselo a otro’. Hay tal descontrol que lo que se hace es parchear».

La sombra del clientelismo revoloteó sobre sus declaraciones. Tres agentes llamaron la atención sobre el hecho de que se dieran ayudas por razones de parentesco y «vecindad», por «amistad» o «afinidad política» al PSOE. De hecho, «muchísimos alcaldes socialistas son beneficiarios» en la Sierra Norte de Sevilla , a la que estaba vinculado Viera. En su relato se colaron otros episodios de la trama de los ERE como los sobres con billetes que repartía una mediadora o los despachos de abogados que funcionaban como «centros de lavado de dinero». Señalaron que comarcas como la Sierra Norte de Sevilla acapararon más ayudas directas que el resto de Andalucía, y los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago recibieron «un abuso descontrolado de fondos» (34 millones), que fueron a parar a empresas «vacías de contenido» y sin trabajadores.

También salió a relucir la figura de Juan Lanzas, el conseguidor que se movía como pez en el agua por los despachos oficiales y los comités de empresa comprometiendo prejubilaciones con el dinero de los andaluces. Esta galería de personajes forma parte de otras piezas separadas de la macrocausa y serán enjuiciados en procesos distintos.

Sus testimonios no han dejado a nadie indiferente. Mientras las acusaciones ven refrendadas sus tesis, las defensas creen, en cambio, que el primero y el último testigo de la UCO han incurrido en «contradicciones» sobre la necesidad del convenio marco de 2001 para instaurar un método por el que Empleo encargaba a IFA/IDEA el pago de las ayudas que concedía, que es el núcleo de la teoría acusatoria. En lo que se refiere al sistema que se enjuicia, le reprochan que se han limitado a «fusilar» el informe de los peritos de la Intervención General del Estado.

Los interrogatorios de algunos letrados de las defensas a los agentes han tenido un efecto bumerán. En lugar de conseguir respuestas para alejar a sus clientes de cualquier responsabilidad, han contribuido a estrechar el cerco penal en torno a ellos. Como toreros voluntariosos, han mostrado mucho entusiasmo y entrega pero nula efectividad. Fue el caso de José Manuel Herrera, que representa al exconsejero de Empleo José Antonio Viera. Trató de convencer al primer comandante de la UCO de que las ayudas autonómicas estaban sujetas a la legalidad, al amparo de la orden del Ministerio de Trabajo del año 1995 sobre ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas. En esta tesis que promueve el imputado Carlos Leal, abogado del bufete sevillano Estudio Jurídico Villasís, han encontrado varias defensas una vía de agua para hundir la instrucción de la juez Mercedes Alaya, con escasa suerte por ahora.

El investigador descartó de plano esta teoría al ser interpelado por el asesor jurídico de Viera . «Esa orden prevé un control de justificación, una solicitud y es que aquí no hay nada. No se dan ni los mínimos que recoge esa orden. No hay seguimiento, no hay control, no hay solicitud, no hay nada».

Lo que es innegable es que, frente al desconocimiento que han esgrimido los acusados como coartada , los guardias civiles han defendido sus argumentos con determinación y firmeza, con la diferencia de que un encausado tiene derecho a mentir, pero un testigo está obligado a decir la verdad.