El exalcalde del PSOE que cobraba sin ir a trabajar en la Faffe seguirá imputado

Según los datos que facilitó la Agencia Tributaria al juzgado de instrucción donde se investiga el caso, Torres cobró 535.452,64 euros brutos en los once años que estuvo en nómina de la Faffe. Sin embargo, una compañera del socialista en la fundación dependiente de la Consejería de Empleo, M. B. R., aseguró que Torres «tan sólo acudía una vez al mes a la sede de la Faffe» en el edificio Galia de Sevilla.

Así, la exsecretaria del exdirector general del ente afirmó ante la Guardia Civil que «en la tarjeta de visita» de Torres constaba como cargo de la Faffe al frente de «la Dirección de Asuntos Exteriores, departamento que físicamente no existía ». Otra empleada, M.R.A., declaró que un jefe se lo presentó en 2010 y le comentó que iba a realizar un proyecto de investigación para el Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia, presidido por el exministro Josep Borrell . Le llamó la atención que tuviera un puesto directivo que no conocía nadie. Al consultar a su jefe, éste le dijo que «mejor no preguntara».

Ahora, según un auto de la juez María Núñez Bolaños publicado el pasado 3 de enero al que ha tenido acceso ABC de Sevilla, se rechaza el sobreseimiento del caso que se investiga contra Torres y, de hecho, se recuerda que «no se ha concluido la investigación» sobre el exalcalde «quedando por practicar las testificales interesadas por el Ministerio Público».

La juez determina en su escrito no solo la necesidad de nuevas diligencias contra Antonio Torres , sino también contra Francisco Aguilera, otro exalcalde socialista -esta vez de Montellano- contratado asimismo por la Faffe y del que Bolaños quiere investigar si fue contratado de forma ficticia, lo que le permitió «cobrar emolumentos sin prestación de servicios alguno y disfrutando además de alta fraudulenta en la Seguridad Social ». Se trata de la misma sospecha que pesa contra Torres, al que la juez también investiga por «indiciaria contratación ficticia».

Los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo la investigación tacharon a Aguilera de «personal no cualificado y que no desarrolla tareas productivas» en la Faffe. Esta conclusión del Instituto Armado se sustenta en la declaración de seis excompañeros de trabajo de Aguilera, que aseguraron que el exalcalde de Lebrija acudía a su despacho en la sede de esta sociedad instrumental creada por la Consejería de Empleo para pasar la mayor parte del tiempo durmiendo o leyendo la prensa.

Según una de las testigos del caso, M. P. R., Aguilera cumplía con su horario laboral, «pero no tenía ninguna función asignada» y habitualmente le encontraba «leyendo el periódico y durmiendo» en la oficina. Aseguró asimismo que «era un secreto a voces que lo había colocado el PSOE».