La dueña de Acyco, la primera empresaria condenada por beneficiarse de las ayudas de los ERE

En la primera pieza fueron condenados altos cargos de la Junta en la etapa socialista, con Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza. Todos eran políticos. Sin embargo, con Encarnación Poto, dueña y presidenta del consejo de administración de Aceitunas y Conservas (Acyco) , se abre la lista de empresarios condenados. En este caso, como cooperadora necesaria del delito de prevaricación y falsedad documental en concurso medial con malversación .

La Audiencia le ha impuesto a Poto, militante de la UGT y del PSOE «a nivel local» , la pena de cinco años de cárcel, siete años de inhabilitación e indemnizar a la Junta con más de tres millones, de forma solidaria con el resto de condenados.

Pero la empresaria no se conformó con recibir en 2003 una ayuda millonaria de la Junta para pagar con fondos públicos la prejubilación de un grupo de trabajadores de Acyco, que tenía que haber sido afrontado con fondos de la sociedad mercantil, sino además s e incluyó en la lista de los prejubilados para cobrar la ayuda sociolaborales, a pesar de que siguió vinculada al consejo de administración de la empresa, como presidenta de este órgano, hasta 2011.

«Nadie me puso pegas» , confesó la acusada en el juicio en relación a cobrar la ayuda sociolaboral y como presidenta del consejo.

Además, este segundo juicio de la macrocausa de corrupción de los ERE el tribunal asume las tesis de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de que las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo eran a empresas.

« La ayuda a Acyco, que cuantifica en 3.529.389,26 euros, pudiera constituir una subvención a la empresa y no a los trabajadores, ya que la obligación de pago legalmente corresponde a ésta al derivar de compromisos asumidos durante el proceso de extinción de la relación laboral de sus trabajadores. Por ello, la Junta se habría hecho cargo del pago de obligaciones propias de la empresa». Éste párrafo pertenece al informe de la IGAE ratificado en el juicio.

En varias ocasiones, los tres magistrados de la Sección Tercera señalan en su sentencia que la Consejería de Empleo asumía los compromisos de la empresa Acyco con el pago de esas ayudas.

Así indica que el compromiso adoptado por el Director General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero (fallecido), con el conocimiento y aprobación del entonces viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández , de abono de una ayuda a Acyco que englobaba el pago de unas pólizas de renta de supervivencia para prejubilados en beneficio de los mismos y de dicha empresa, en cuanto quedaba liberada de sus obligaciones laborales para con los trabajadores despedidos».

Con los tres millones de euros concedidos por Empleo, Acyco y sus socios mayoritarios no tuvieron que pagar cantidad alguna de las indemnizaciones pactadas a favor de los trabajadores acogidos al ERE, sino que todo el procedimiento se sufragó con fondos públicos , incluso algunas facturas falsas.

El pago de las pólizas de renta colectiva por parte de la Junta las «autorizó» Guerrero «sin que existiera previa solicitud formal» de Acyco, ni se dictara resolución alguna que justificara la subvención que se otorgaba a la empresa aceitunera, «evidenciando l a connivencia existente entre los acusados para obtener un beneficio económico a costa del erario público, asumiéndose por la Dirección General de Trabajo unos compromiso que correspondían a la empresa beneficiada», explica el tribunal en su tesis de que las ayudas de los ERE eran a empresas.