¿Dónde van a parar las herencias sin dueño y rechazadas en Andalucía?

Es algo más habitual de lo que parece. Entre 2005 y 2016, a las arcas del Estado fueron a parar 8,71 millones de euros , según las cuentas de las herencias abintestato, como se denominan las que asume el Estado a través de las distintas delegaciones provinciales del Ministerio de Hacienda. Es lo que suman las propiedades inmobiliarias, bienes muebles, cuentas corrientes, dinero en metálico y joyas de residentes en Andalucía que murieron sin testamento y ni parientes con derecho a recibirlos. Los 8,7 millones incluyen también las herencias que son repudiadas por todos sus beneficiarios, según el informe facilitado a ABC por el Ministerio de Hacienda. Cada día se producen 19 renuncias en esta comunidad. En el último año se registraron 6.939 desestimientos .

Uno de cada diez euros que ha llegado al Estado por esta vía (fueron 101,5 millones de euros en total) procede de herencias sin testar y rechazadas en Andalucía, que es la cuarta región que aporta más ingresos después de Madrid, Castilla y León, País Vasco. Sólo en Sevilla, la Delegación Tributaria ha contabilizado 2,61 millones desde el año 2005.

A falta de herededos legítimos —los familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad (por ejemplo, primos hermanos) y el cónyuge viudo—, el Código Civil establece que «heredará el Estado» , que debe ingresar la cantidad resultante en el Tesoro Público. Aunque es la Junta quien gestiona, recauda, determina la factura y se financia con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones , «Andalucía no hereda nada en caso de renuncia», aclaran desde la Consejería de Hacienda. A diferencia de otras comunidades (Navarra, Cataluña, Galicia, Aragón, Valencia y País Vasco) que han asumido competencias sobre la regulación de la sucesión intestada (sin testamento) a su favor, Andalucía no lo ha hecho.

¿Dónde van las herencias que no tienen dueño? El Estado está obligado a asignar un tercio del dinero de las herencias abintestato y de las repudiadas a instituciones municipales de beneficencia, acción social y profesionales, tanto públicas como privadas. Debe entregar otro tercio a instituciones de las mismas características de ámbito provincial, y el resto tiene que destinarlo a cancelar deuda pública, salvo que el Consejo de Ministros disponga lo contrario.

El director general de Patrimonio del Estado podrá excluir de la liquidación y reparto aquellos bienes y derechos que convenga conservar. En el caso de viviendas o locales, lo habitual es que se desprenda de ellos sacándolos a subasta o adjudicación directa .

La sucesión a favor del Estado no es un proceso sencillo. Cuando un juez tiene conocimiento de un fallecimiento sin herederos, debe citar a la Abogacía del Estado. La declaración administrativa de heredero requiere un informe de ésta antes de tomar posesión de los bienes. Cuando la Delegación de Hacienda recibe los bienes, da cuenta a la Diputación y al Ayuntamiento donde estuviera empadronado el fallecido. El siguiente paso es publicar en el Boletín Oficial un anuncio para que las instituciones que consideren que tienen derecho a recibirla pidan que se les adjudique.

Quien avise a las autoridades de que alguien ha fallecido sin haber testado y sin herederos tiene su recompensa : el vecino que informa se lleva como premio el 10 por ciento de lo que valgan los bienes del finado. Entre 2005 y 2016 se han pagado quince «premios» que sumaron 254.634 euros.