Diez millones de euros de la Junta para preparar las playas para este verano

Se trata de dos iniciativas, por un lado, un decreto ley con cinco millones para que los ayuntamientos puedan realizar planes de contingencia individualizados frente al coronavirus, que incluyan las medidas necesarias para garantizar el uso seguro de las playas frente al Covid-19. Así se podrán destinar a la compra de material como embarcaciones de rescate, torretas de vigilancia y el material necesario para contar con un destino seguro.

La segunda iniciativa consta de una inversión de 10,5 millones de euros por parte de la Consejería de Turismo para ayudar en las actuaciones de limpieza e higiene de las playas y la adquisición de bienes inmuebles para afrontar el coronavirus.

«Los municipios costeros van a tener que hacer un esfuerzo económico para garantizar la seguridad en las playas. Es el momento de ayudarles», ha señalado el vicepresidente Juan Marín, quien ha reprochado que, «a esta hora, toda la responsabilidad sobre en qué condiciones se abrirán o no las playas recae en los ayuntamientos porque los protocolos enviados por el Gobierno central no cuentan con instrucciones que obliguen sino en recomendaciones ».

En este sentido, la Junta ya se ha reunido con los 61 alcaldes costeros de Andalucía y está elaborando un protocolo común con las aportaciones de los alcaldes y que se aprobará la semana que viene en el Consejo de Gobierno para que todos los municipios ofrezcan instalaciones seguras a los usuarios.

Por otro lado, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo ha reprochado al Ejecutivo central que pretenda cobrar a los empresarios, entre 500 y 3.000 euros , por las auditorias necesarias para contar con el sello «Covid Free».

Marín ha explicado que en la conferencia sectorial celebrada el pasado viernes se acordó que el Instituto de Calidad Nacional pusiera en marcha este sello y «se dijo que era gratis», pero ahora, según ha advertido, las empresas interesadas en contar con este sello deberán pasar unas auditorias obligatorias que costarán entre 500 y 3.000 euros.

«Es increíble que el Gobierno quiera hacer caja con el sector turístico en una situación tan delicada. Pido al Gobierno de Pedro Sánchez que reconsidere esta decisión, de manera que las auditorias las abone el propio Gobierno para que este sello sea una ayuda al sector y no una nueva carga».