La Junta acusa al Gobierno sobre el descontrol en los test de coronavirus a inmigrantes en Andalucía

Jalloul se refiere a un protocolo que se comunicó a las comunidades autónomas que , como Andalucía, son receptoras de inmigración irregular y en el que se imponían medidas, como la realización de pruebas PCR a todos las personas que llegasen a España en patera. Sin esa PCRnegativa, los servicios de asistencia a los migrantes que dependen del Gobierno se niegan a aceptar a estas personas.

Dicho documento, sin embargo, fue una «imposición» que no se negoció en ningún momento, señalan desde la Junta de Andalucía, y prueba de ello es que sólo cuenta con la firma y visto bueno de la propia secretaria de Estado, no del Ejecutivo andaluz . El Gobierno de Juanma Moreno, defiende, que nunca sancionó dicho documento y que, además, «no tiene rango legal y es solo una recomendación».

Desde la Junta desmienten al Gobierno central y aseguran que en Andalucía, aun no reconociendo la validez del documento al que se aferra Jalloul, cumple con su normativa. Así, en la comunidad « se hace prueba PCR a todos los inmigrantes con síntomas de coronavirus y también a quienes les acompañan en el viaje en patera, por ser considerados contactos de riesgo», indican desde el Ejecutivo de Juanma Moreno.

¿Y qué pasa con el resto de migrantes que llegan a las costas andaluzas? Añaden desde la Junta que se les hace un test rápido. Sin embargo, en el protocolo que quiere imponer Jalloul se exige sólo pruebas PCR, que creen más efectivas. Ahí es el punto de fricción entre ambas administraciones.

Esto es algo que no comparten desde la Junta, donde señalan que, además, el Ministerio de Sanidad en su normativa establece que no hay que hacer pruebas PCR aleatorias, solo cuando hay síntomas . «El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está contraviniendo las normas que dictan los expertos en salud pública del mismo Gobierno», señalan desde la Junta de Andalucía. Es el Gobierno de Sánchez contra el Gobierno de Sánchez, señalan.

Además, indican las mismas fuentes, hacer una PCR a cada uno de los inmigrantes, tengan o no síntomas, supondría «un agravio» para los demás ciudadanos, a los que no se les hace esta prueba si no hay razón médica para ello.

Mucho antes de la creación del documento al que hace referencia la secretaria de Estado, Andalucía ya había creado un protocolo de actuación «ante posibles casos importados de coronavirus en el contexto de la inmigración irregular». Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 4 de julio —el documento del Gobierno central no llegó hasta el 25—, recogía las líneas de actuación y las diferentes casuísticas que se podían presentar en este contexto y cómo se debía actuar.

Para entender  esta polémica, hay que comprender cómo funciona el fragmentado puzle de las competencias en inmigración . La Junta de Andalucía tiene solo la obligación de gestión de los menores —conocidos como menas por sus siglas «menores extranjeros no acompañados»— y de los migrantes enfermos.

Los demás adultos sin síntomas, es decir, presumiblemente sanos, son competencia exclusiva del Gobierno central. Hasta ahora, señalan desde la Junta, este colectivo se concentraba tras su llegada en los CIE —centros de internamiento de extranjeros—, donde podían hacer una cuarentena de dos semanas y ser sometidos a pruebas. Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez cerró en el inicio de la pandemia estos centros. El único que quedaba en Andalucía, el de Algeciras, quedó clausurado y en obras el pasado mes de mayo .

Sin espacio para acoger a los inmigrantes, la Junta se vio obligada a hacerse cargo de estas personas , como anunció hace dos semanas el vicepresidente andaluz, Juan Marín. Dicha decisión suponía la promesa de una compensación por este servicio que asume Andalucía por parte del Gobierno central.

Desde la Junta se muestran muy contrariados por las acusaciones de la secretaria de Estado de Migraciones. Por querer imponer un protocolo sin negociar; por dejar de atender a los inmigrantes y dejar sola a la Junta en la gestión de esta población; y, por último, por acusar al Gobierno andaluz de abandonar a 400 inmigrantes a su suerte y sin saber su estado serológico cuando además no son competencia de Andalucía sino del Gobierno central.

Junta y el Gobierno central habían protagonizado numerosas reuniones para poder llegar a un acuerdo en un asunto sensible como es la inmigración y en el que desde Andalucía no se quería que fuese un punto de fricción o arma arrojadiza entre administraciones. Por eso mismo, destacan, se hicieron cargo de los migrantes que no tenían una prueba PCR positiva, aunque no fuese su obligación.