Maeztu pide al Parlamento andaluz que la pandemia no aumente la exclusión y desigualdad social

Ante el Pleno del Parlamento andaluz para la presentación del Informe Anual 2019, en una comparecencia retrasada hasta noviembre con motivo de la pandemia, Jesús Maeztu ha descrito los problemas que trasladaron a la institución los andaluces en 2019, «agravados» a causa de la Covid, según un primer análisis de los primeros meses de pandemia en los que el Defensor profundizará en la presentación de un próximo Informe extraordinario .

«A todas luces resulta evidente que la Covid ha supuesto un nuevo ataque a la vulnerabilidad de estos colectivos que no habían comenzado a recuperarse y una nueva amenaza a aquellos que estaban comenzando a estabilizarse», ha indicado Maeztu.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, una de las primeras lecciones de la pandemia sería el mensaje a las administraciones públicas de que «no permitamos que el Covid entierre y excluya a estos grupos vulnerables». « Para que nadie, cuando salgamos de esta crisis, se quede atrás. Porque todos estamos bajo la misma lluvia, pero no todos van a tener el mismo paraguas protector», ha añadido.

Maeztu ha concretado en tres puntos los aspectos fundamentales del Informe de referencia, que son las personas mayores , el derecho a una buena administración y la Andalucía despoblada, temas que ya analizaba en esta Memoria y que han seguido vigentes durante 2020.

Sobre las personas mayores, Jesús Maeztu se ha centrado en las crisis de residencias de mayores y ha afirmado que «la realidad está poniendo en cuestión el modelo de atención a los mayores ». «Les debemos a estas personas los cuidados que nos proporcionaron; es una deuda con ellos, les debemos una correspondencia, que las residencias no sean un aparcamiento», ha señalado.

En segundo lugar, el Defensor del Pueblo andaluz se ha referido al derecho a una «buena administración», y ha señalado que «la falta de personal necesario, el recurso del silencio administrativo , los procedimientos lentos y farragosos, la desinformación sobre los expedientes, llevan a provocar el desaliento en la ciudadanía y la impresión de que la Administración no funciona bien».

En el caso de la sanidad, el Defensor ha anotado los problemas existentes en 2019 en listas de espera de atención especializada; servicios de urgencias en zonas rurales y falta de recursos y prevención en salud mental, a lo que ha venido a sumarse este año las deficiencias denunciadas por la ciudadanía en atención primaria.

Sobre la educación, Jesús Maeztu ha alzado la voz sobre las «carencias» en la educación especial, «antes y ahora», a lo que se sumó como efecto de la pandemia la brecha digital , principalmente en las familias con menos recursos. Como Defensor del Menor de Andaluz, se ha mostrado partidario de la presencialidad en las aulas de manera segura.

Dentro de este derecho a la «buena administración», ha destacado su propuesta de coexistencia de la renta mínima andaluza y el nuevo ingreso mínimo vital, asunto para el que ha pedido coordinación entre las administraciones.

Jesús Maeztu ha hecho una llamada de atención hacia el empleo, en especial de la juventud; la integración de los inmigrantes y la erradicación de los asentamientos ; el impacto social de los costes de la vivienda, incluido el alquiler; la situación de los barrios con mención especial a la zona norte de Granada; el derecho a una buena administración de Justicia, con la necesidad de incentivar la mediación en la solución de los conflictos ; las necesidades de protección de la población reclusa; la lucha contra los retrocesos en la igualdad; y la necesidad de un desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

Como tercera lección de la crisis, el Defensor del Pueblo andaluz se ha referido a los efectos sobre la Andalucía despoblada , realidad que venía estudiando y donde se ha encontrado padres que reclaman un centro educativo próximo para sus hijos; la petición de una atención médica cercana, con recursos suficientes; la soledad de las personas mayores, y la exclusión financiera y la postal, con la desaparición de estas oficinas.

También se ha referido a la carencia de infraestructuras de comunicación; la falta de políticas de formación para el empleo para las personas jóvenes; o el abandono de las actividades agrarias o ganaderas tradicionales. La institución está trabajando en un informe especial sobre los centros educativos en las zonas rurales.