Las contradicciones acorralan a Fernández en el caso de los ERE

Tras el interrogario de su abogado, el presidente del tribunal volvió a plantearle al exconsejero algunas de las preguntas que le hizo la juez instructora, Mercedes Alaya, en abril 2012 , y que terminaron con su ingreso en prisión al cabo de cuatro días de declaraciones.

Fernández no ratificó estas palabras en el juicio alegando que el acta, pese a haberla firmado en su día, «no refleja ni lo que dije ni lo que quise decir» y que se sintió «acosado» y «con miedo» ante la instructora . «Este tribunal no tiene una bolita de cristal para imaginar o suponer qué es lo que quiso decir . Ahora tiene la oportunidad de manifestar en qué difiere», le planteó entonces el magistrado.

Como un boxeador acorralado por la tunda de golpes dialécticos que fue encadenando el juez, el exconsejero acabó pidiendo que sonara la campana y se interrumpiera la sesión invocando su afonía. «Llega un momento en que la voz me preocupa más que la cabeza». Antes lo había intentado sin éxito su abogado, que pidió hablar con su defendido para aclararle que no estaba entendiendo «el plano lógico de las preguntas» que le estaban haciendo y el magistrado lo mandó callar: «Ahora soy yo el que tiene la palabra y no interrumpa más». Poco antes, el juez había cuestionado el «cansancio» aducido por el exconsejero para dar por concluida la sesión: «No veo que se trate de un tema de cansancio, sino de que quiera o no contestar».

Para cuando había sonado la campana, tras una hora de tenso cara a cara, el exconsejero había incurrido en «contradicciones». «Se está contradiciendo con la anterior observación», le recriminó el juez. Le había preguntado si era conocedor de las deficiencias sobre el sistema de las ayudas recogidas en el informe del interventor. Fernández alegó que supo de «la temática» a través de su equipo.

Calle Peña le recordó también que había manifestado a Alaya que había un «vacío normativo» sobre las ayudas sociolaborales y argumentó que era «suficiente» con que las conocieran los sindicatos y los empresarios. «No había ninguna norma en Madrid ni aquí» que recogiera los requisitos para acceder a los fondos de la Junta, explicó. «¿Cómo puede decir que había un vacío normativo y decir que lo regulaba una orden ministerial de 1995 y el reglamento de la Junta de 2001?», le inquirió el magistrado. También admitió a Alaya que el exconsejero José Antonio Viera comentó a Chaves la creación de un procedimiento más ágil para repartir ayudas . Ahora no lo suscribe: «Yo sé lo que le conté al señor Chaves pero no puedo saber lo que le contó el señor Viera. Punto»