El Constitucional rechaza el recurso de la Junta contra la ley que permite al Gobierno retener recursos

El TC avala el uso de la ley orgánica porque la materia regulada en este caso está constitucionalmente reservada a las normas de dicho rango; por otro lado, el pleno considera que el mecanismo consistente en la retención de fondos , por parte del Estado, para el pago directo de la deuda contraída por las comunidades autónomas con sus proveedores no vulnera los principios constitucionales de autonomía política y financiera.

La Junta recurrió en marzo de 2014 la ley estatal al ver en ella invasión de competencias autonómicas e infracción de principios constitucionales. Concretamente, el Gobierno andaluz consideraba que la norma « excede el sentido del principio de estabilidad presupuestaria, incorporado a la Constitución Española tras la reforma de su artículo 135, al incluir en el concepto de deuda pública la denominada deuda comercial de las administraciones con sus proveedores ».

El Ejecutivo andaluz recurrió la ley al TC porque pensaba que «el Gobierno central se arroga indebidamente la atribución de retener recursos financieros de las comunidades autónomas para el pago directo a los acreedores y no sólo para corregir desviaciones sobre los objetivos de déficit», lo que «vulnera los principios de autonomía financiera y de gestión de las comunidades , garantizados por el texto constitucional en sus artículos 156.1 y 137, respectivamente».

Respecto a la reserva de ley orgánica , la sentencia señala que es reiterada la doctrina constitucional según la cual «las normas impugnadas, en la medida que se conectan directamente con las relaciones financieras entre las comunidades autónomas y el Estado, están comprendidas con naturalidad en dicha reserva de ley orgánica», en virtud de lo establecido en el artículo 157.3 de la Constitución.

El TC mantiene que esa doctrina es aplicable a este caso concreto porque el mecanismo impugnado -esa retención por el Estado de los importes que las regiones adeudan a sus proveedores con el fin de efectuar el pago directo- cumple los requisitos que permiten afirmar que la norma «incide directamente sobre las relaciones financieras entre el Estado y las comunidades».

La ley recurrida autoriza al Estado a constatar unilateralmente que la comunidad autónoma tiene una obligación de pago; a declarar, también de forma unilateral , que dicha obligación de pago no ha sido cumplida; y a ejercer, por sustitución, una competencia de la comunidad autónoma al retener con cargo al sistema de financiación autonómica las cantidades adeudadas con el fin de pagar directamente a los proveedores.

La Junta también había cuestionado la constitucionalidad del sistema y que se vulneraba la autonomía financiera de las comunidades pero la sentencia explica que la autonomía financiera que la Constitución reconoce a regiones implica que éstas deben poder decidir sus políticas económicas, dirigidas a conseguir los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financiera . «Sólo cuando las medidas dirigidas al cumplimiento de este mandato sean inexistentes o insuficientes, y sólo entonces, será cuando el Estado» podrá tomar las medidas oportunas, recogen.

En este caso, la retención de los importes adeudados «no estaría impidiendo a la comunidad autónoma incumplidora identificar sus políticas, ni determinar y poner en funcionamiento las medidas de reducción de gastos, de incremento de ingresos o de gestión de cobros y pagos que considere oportunas» sino que lo que establece la norma es que, vencido el límite legal de tiempo para el pago de la deuda, el Estado podrá utilizar, para saldarla, parte de los recursos destinados a la financiación de la comunidad autónoma.

«El objetivo no es otro que garantizar el cumplimiento del periodo medio de pago y, por tanto, de la sostenibilidad financiera del sistema», recoge la sentencia del TC, que entiende que, aunque se produce una limitación a la autonomía financiera de las comunidades ésta no es inconstitucional «porque no les priva de la adopción de las medidas de tesorería que consideren oportunas (*)». Se trata -explican- de «un límite legítimo en la autonomía financiera» porque es «adecuado», «necesario» y «proporcionado».