Los colegios concertados de Andalucía denuncian «grave discriminación» por el Gobierno central

En un comunicado, esta federación ha señalado que los centros concertados, siendo centros privados, se engloban bajo la denominación «centros sostenidos con fondos públicos» tal y como se recoge en toda la legislación y normativa de la propia administración pública. Por tanto, «es evidente que los gobiernos (estatal y autonómicos) tienen la obligación de dotarles de los fondos públicos necesarios y suficientes para su correcto funcionamiento, y para que así se cumpla también el mandato de que la enseñanza será gratuita para las familias».

Ha indicado que habitualmente los centros concertados reciben la financiación a través de los módulos de conciertos aprobados en los Presupuestos Generales del Estado y ha apuntado que además de que todos (incluida la propia administración) «reconocen la insuficiencia de dichos módulos, en cualquier caso la llamada partida de 'Otros gastos' que reciben los centros educativos concertados se destina al funcionamiento ordinario».

Por tanto, «ante circunstancias extraordinarias como la que estamos viviendo, donde el propio Gobierno destina fondos económicos (2.000 millones de euros) para hacer frente a las necesidades sobrevenidas, es claro que los centros concertados deben recibir la parte correspondiente en igualdad de condiciones que los centros públicos porque ambos son centros sostenidos con fondos públicos».

De no hacerse así, CECE-A ha advertido de que «el peso de los gastos extraordinarias recaerían en las familias y la Administración estaría incumpliendo su obligación de sostener con fondos públicos a los centros concertados, incurriendo en una grave discriminación». « Confiamos en que no ocurrirá así , tal como ha declarado el Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda».