Ciudadanos saca adelante su ley estrella en el momento político más delicado

La casualidad quiso que este miércoles hiciera seis años, el 9 de junio de 2015, de la firma del acuerdo entre Juan Marín y Susana Díaz que incluía la redacción de esta ley a cambio del apoyo de Ciudadanos al entonces Gobierno socialista. Ayer, el vicepresidente andaluz tenía la satisfacción del deber cumplido, ahora como parte importante del Ejecutivo regional. «La aprobación de esta ley es una forma de pedir perdón a todos los andaluces por la corrupción en las instituciones», dijo el vicepresidente en su intervención final.

Un capítulo aparte merece la postura del PSOE con esta norma. El Gobierno andaluz defiende la ley como el arma para impedir que vuelvan a producirse casos como los ERE, el fraude de la formación, la Faffe (donde el dinero público acabó en clubes de alterne) o el caso Invercaria, todos ellos con desviaciones millonarias de fondos públicos. A pesar de ello, e l PSOE optó por la abstención con la coartada de que el Gobierno andaluz no ha aceptado ninguna de sus enmiendas a esta ley que lleva meses tramitándose en el Parlamento y que Ciudadanos ya trató de sacar adelante en la anterior legislatura cuando apoyaba a Susana Díaz.

Una de las pretensiones socialistas consistía en eliminar el régimen sancionador para los corruptos , régimen que establece multas que oscilan entre 300 y 100.000 euros, además de otras sanciones administrativas. Los socialistas defienden que una Cámara legislativa, como el Parlamento, no puede poner sanciones administrativas que corresponden al Ejecutivo o, al poder judicial, en su caso.

El portavoz socialista fue Manuel Jiménez Barrios, expresidente de la Junta, quien aseguró que la ley sólo busca «recordar el pasado» al tiempo que defendió la «honradez» de los expresidentes de la Junta, «que han dado lo mejor que han tenido». No obstante, Jiménez Barrios defendió que es «una ley necesaria pero es una chapuza desde el punto de vista legal». «Han decidido que la oficina sea un instrumento de las derechas».

Adelante Andalucía, por su parte, también se abstuvo ya que no comparte que se puedan admitir denuncias anónimas tal y como establece la normativa. El Gobierno andaluz ha aceptado enmiendas de todos los grupos excepto del PSOE.

La ley de lucha contra el fraude supone un instrumento novedoso para la lucha contra la corrupción en Andalucía. Dependiente del Parlamento se va a crear una Oficina contra el fraude , formada por funcionarios y dirigida por una persona que deberá designar la Cámara con una mayoría de tres quintas partes de los diputados. Aunque si no hay acuerdo, el director podrá ser elegido en segunda votación por mayoría absoluta.

El director deberá cumplir las condiciones de idoneidad, honorabilidad, independencia y honorabilidad, ocupará el cargo durante cinco años y no podrá ser reelegido . También deberá acreditar una experiencia de diez años en la lucha contra la corrupción. Una de sus funciones será, precisamente, la de establecer las sanciones e iniciar las investigaciones sobre presuntos ilícitos.

La normativa recoge el mecanismo para que los funcionarios públicos puedan denunciar sospechas de fraude y de corrupción en la administración de la Junta, estableciendo un sistema garantista para proteger a estos denunciantes. También se incluye la posibilidad de presentar denuncias anónimas . Eso sí, siempre y cuando se aporten las pruebas documentales que justifiquen esas denuncias, ya que en el régimen sancionador se incluyen las denuncias falsas.

Una de las principales armas de lucha contra la corrupción que establece la norma es que la oficina podrá reclamar a los bancos y entidades crediticias que suministren información sobre los movimientos de cuentas realizadas por administraciones públicas, instituciones, órganos y entidades privadas para esclarecer hechos constitutos de fraude, corrupción o conflicto de intereses.

Esta oficina deberá suspender sus actuaciones si el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial inicia un procedimiento por indicios de responsabilidad penal.