La Audiencia aparta del juicio de Chaves y Griñán por el caso ERE al juez ex alto cargo

La Audiencia Provincial de Sevilla ha aceptado la recusación formulada por el PP y el sindicato Manos Limpias contra el que iba a redactar, de acuerdo con el tribunal, la sentencia para los exmandatarios socialistas por el procedimiento específico de reparto del dinero de los ERE , según indicaron fuentes de la Audiencia. Argumenta que ha perdido la apariencia de imparcialidad, tal y como planteaba el PP en su incidente de recusación.

En el auto fechado este mismo jueves, la Sección Tercera considera «justificada» la causa de recusación invocando el artículo 219.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) alegada por PP-A y Manos Limpias. Dicho artículo se refiere al « interés directo o indirecto en el pleito o causa », ya que «no concurren las suficientes garantías para excluir cualquier duda sobre la imparcialidad del magistrado recusado», expone. En el Gobierno andaluz Izquierdo fue secretario general de Modernización de la Justicia y secretario general para la Justicia, con rango orgánico de viceconsejero, entre 2008 y 2014.

«Las apariencias adquieren importancia , bastando que los recelos de los recusantes y de los ciudadanos puedan tener la posibilidad de considerarse objetivamente justificados, lo que entendemos sucede en el caso» del magistrado Pedro Izquierdo, advierte el tribunal que lo ha apartado.

El magistrado rechazó renunciar como ponente del juicio pero solicitó a la Audiencia que valorase la «perturbación» generada en la actividad «ordinaria» del tribunal tras las recusaciones planteadas por Manos Limpias y PP-A, a las que se opuso también la Fiscalía Anticorrupción aunque con matices. El juez Izquierdo será sustituido por su compañero de sala Juan Antonio Calle Peña .

En un informe, el magistrado consideraba «procedente» que sea la Sala la que, «valorando todas las circunstancias expuestas por las partes personadas y en este informe, resuelva lo que considere procedente», todo ello «incluso frente a mi percepción subjetiva de poder ejercer de forma responsable mis obligaciones profesionales como presidente de la Sala y ponente».

Izquierdo advertía de que, a raíz de ambas recusaciones, «no sólo se ha visto ya perturbado el sosiego y tranquilidad con la que como ponente debería haber comenzado a abordar el estudio de las actuaciones para su posterior enjuiciamiento con la Sala, sino también, el que como consecuencia de la forma de cuestionar» su inclusión en el tribunal, «se ha visto éste también afectado, al proyectarse de forma persistente una sospecha generalizada sobre si concurrirían las garantías necesarias para afrontar la celebración del juicio».

Por su parte, La Fiscalía ya se opuso a la recusación pero pidió al magistrado que analizara si como alto cargo conoció los procedimientos administrativos