Anticorrupción pide imputar a varios sindicalistas y al exchófer de Guerrero por sobrecomisiones de los ERE

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía solicita a la magistrada que cite como investigados al exsecretario general del sindicato UGT en Cádiz Salvador Mera; al exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Manuel Roberto Carmona Soto, y al exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO José Luis Montesinos.

También reclama a la juez que impute en esta pieza, donde están siendo investigadas una treintena de personas, a Patrocinio Sierra García, esposa del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas , y al exdiputado del Partido Socialista del País Vasco Antonio Aso, entre otros.

Asimismo la Fiscalía insta a la juez a reclamar los refuerzos personales y materiales que estime «necesarios» para evitar «nuevos retrasos» en la tramitación de la pieza separada por las sobrecomisiones y en el resto de piezas desgajadas de la causa matriz.

Así, el Ministerio Público interesa que «se proceda a la tramitación y en su caso la práctica» de una serie de diligencias que solicita «a la mayor brevedad posible atendiendo a la actual carga de trabajo del Juzgado , instando, bien de la Administración prestacional, bien del TSJA, los refuerzos personales y materiales que se estimen necesarios».

La Fiscalía manifiesta que «la extensión y complejidad» de la causa «exige que se proceda a una determinación más precisa de los hechos» que se investigan a fin de facilitar «no sólo el avance de la instrucción de las presentes diligencias -las sobrecomisiones- sino del resto de piezas relativas a singulares ayudas sociolaborales en las que personas investigadas en las presentes actuaciones, mediante la inclusión de personas ajenas a la empresa, hayan obtenido una ganancia ilícita».

De igual forma, explica que en esta pieza separada se investiga «la consideración de caudales públicos de las denominadas sobrecomisiones , entendidas éstas como aquellas cantidades fijadas en la contratación de pólizas de renta y capital vinculados a ERE y que eran abonadas con fondos públicos de la Junta cuyo destino era distribuirse como ganancia ilícita entre las personas físicas y entidades que participaban en la negociación y contratación de las pólizas».

Por ello, considera que «el destino final de las mismas, en aquellos supuestos en los que fueron empleadas para el abono por un tercero ajeno a la administración autonómica de supuestas ayudas públicas -totalmente desconectadas y ajenas a las primas abonadas por la Junta de Andalucía-, deberá ser objeto de las presentes actuaciones para poder tipificar, en su caso, éstos hechos» como constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos.

De forma resumida, Anticorrupción precisa que los hechos investigados en esta pieza «vendrían determinados por la cuantificación de aquellas cantidades abonadas por la Junta en concepto de prima que superan el coste de mercado de las pólizas suscritas, su distribución presuntamente ilícita entre las personas físicas y jurídicas que intervienen en su fijación y, en su caso, en el destino final de los fondos como pago de presuntas ayudas públicas».