Anticorrupción pide el archivo de la pieza política del fraude de los cursos de formación

De este modo, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el Ministerio Público ha elevado este mismo martes un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que solicita el archivo de esta pieza de la causa de los cursos de formación al considerar que « no ha quedado acreditada» la comisión de delito alguno por parte de los altos cargos investigados.

La Fiscalía entiende que, con los medios de investigación empleados por la Guardia Civil (como por ejemplo las resoluciones de exoneración) « no es posible identificar a un grupo de beneficiarios favorecidos por órganos superiores», todo ello frente a lo manifestado por la juez Mercedes Alaya en cuanto a que desde la Consejería de Empleo se impartían «órdenes» a las distintas delegaciones provinciales «para que no se controlara el dinero» destinado a la formación, «creando de esta forma una red de clientelismo político ».

Asimismo, considera que las resoluciones de exoneración, analizadas globalmente, « no constituyen delito de prevaricación », mientras que las certificaciones del artículo 41 del Reglamento de Intervención «están dictadas tras un proceso razonable de justificación de la subvención», todo ello sin perjuicio de que en algún procedimiento se llegue a la conclusión de que se ha cometido prevaricación en alguna resolución de exoneración o de certificación.

Tras la petición del Ministerio Fiscal, la juez dictará probablemente en los próximos días un auto en el que archivará la referida pieza, una de las nueve en que dividió la causa en diciembre del pasado año 2015, al no apreciar delito y considerar que únicamente se habrían cometido irregularidades administrativas.

Cabe recordar que, en la pieza del SAE de los cursos de formación, la juez María Núñez investiga a un total de 24 personas, entre ellas el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o 13 ex altos cargos de la Junta que fueron detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Barrado' desarrollada en marzo de 2015, entre ellos las ex directoras generales de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara y María Teresa Florido , que es cuñada de Ángel Ojeda.