Las ITV de Andalucía pasan a depender de la Consejería de Hacienda en su momento más complejo

El pase de Veiasa de Transformación Económica a Hacienda se produce en un escenario complicado para esta empresa pública, que acumula retrasos en las citas a los usuarios para renovar la ITV derivados de las restricciones provocadas por la pandemia del coronavirus Covid-19 y protestas sindicales en demanda de más personal para reforzar el servicio.

Las ITV, debido a la pandemia de coronavirus, cerró sus puertas el año pasado. Eso generó importantes retrasos en las inspecciones de vehículos ya que, tras el fin del confinamiento domiciliario y el cierre de los comercios la pasada primavera, se juntaron quienes ya tenían caducada la revisión con quienes vieron pasar la fecha de la suya esos meses.

Así, el servicio empezó a generar colas y falta de plazas para pasar la ITV. Resultado de ello fue en el descontento primero de los ciudadanos y luego de los trabajadores , que acusaron a la empresa pública de no renovar los contratos de los trabajadores eventuales y lanzó la sospecha de que la Junta quería privatizar el servicio. Esto es algo que desde el Gobierno andaluza han desmentido por activa y por pasiva. El mismo consejero de Economía, Rogelio Velasco , consejería de la que hasta ahora dependía Veiasa, lo negó ayer.

Sin embargo, eso no impidió que los trabajadores convocaran huelgas durante el pasado mes de diciembre para presionar a la empresa. La Junta, por su parte, reaccionó con un plan de choque que buscaba aligerar las esperas para pasar las ITV y, además con la contratación de hasta 240 nuevos empleados.

Gracias a esas dos medidas, señalaron ayer desde la Junta, el plazo de espera para pasar la inspección se ha reducido a 25 días. Y, además, señaló Velasco, había preparadas previsiones de más contrataciones si fuese necesario.

Mientras todo esto ocurre, la Junta ha cambiado la organización de la empresa que, de depender de Economía, pasa a Hacienda . Se trata de un movimiento ya anunciado que entra dentro de la reorganización de la administración que está llevando a cabo el Gobierno andaluz, que descarta segundas lecturas de este hecho.