En Andalucía 54 víctimas de la talidomida serán reparadas social y económicamente

La talidomida fue un medicamento sintetizado y cedido al laboratorio alemán Chemie-Grünenthal (Pharma, S.A.) en 1954, que lo introdujo en el mercado europeo en 1956.

Se prescribía por su acción sedante, hipnótica, no barbitúrica y antiemética, y en España se despachó sin receta médica, vendiéndose masivamente con múltiples nombres comerciales para resfriados, asma, dolor de cabeza o ansiedad , muy especialmente para las embarazadas.

El tratamiento con talidomida se considera responsable de malformaciones en casi 10.000 niños y niñas en Europa, de los que entre 1.500 a 3.000 se han producido en España y unas 54 en Andalucía.

La proposición no de ley del PSOE-A aprobada en el pleno del Parlamento, con enmiendas de IU y PP, reclama a la Junta que ponga en marcha un protocolo en el sistema sanitario para garantizar a toda persona que lo solicite la posibilidad de identificación de la relación de causalidad entre la malformación que presenta y el uso de talidomida , así como la atención sanitaria que necesite.

Demanda crear una base de datos y un sistema informático que permita conocer el número real de afectados, personas para las que solicita una reparación moral y social derivada del daño causado, al margen de las medidas que se adopten a nivel estatal y de las ordinarias que existan en temas asistenciales o de dependencia.

«Aún no siendo la Junta de Andalucía responsable directa, pero sí como representante autonómico del Estado, tenemos la oportunidad y el deber de corregir lo que se ha hecho mal y tratar de resarcir con medidas concretas la injusticia que nuestros ciudadanos vienen sufriendo desde la más absolu ta negligencia, silencio y abandono», esgrimió la socialista Olga Manzano.

La propuesta insta a la Junta a pedir al Gobierno central que revise el Real decreto que regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965 , ya que se abordó de una forma «incompleta, con errores en las fechas de expedición y en el protocolo médico».

El Parlamento cree que el Ejecutivo nacional debe reconocer, asumir y reparar los daños y las discriminaciones que este colectivo de afectados han sufrido durante su vida.

También exige al Gobierno que presente una demanda judicial contra el laboratorio alemán Grünenthal como principal responsable del daño ocasionado.