El SAS necesitará casi 700 camas más para asumir a los pacientes de Muface en Andalucía

La cifra surge de un estudio específico de la Cátedra Extraordinaria de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid en el que se analiza el impacto que los cientos de miles de mutualistas dejarían en las distintas regiones. Por ejemplo, en Andalucía.

Uno de los prismas más gráficos es el de las camas que se precisarían para que el cambio de estrategia estatal no supusiera una carga extra al Servicio Andaluz de Salud, por la preocupación que entraña al ciudadano contar con instalaciones aseguradas de cara a un ingreso hospitalario.

Tan sólo en Sevilla cabría esperar un crecimiento de 211 camas, seguido de las 190 extra sólo para la provincia de Cádiz, las 159 camas que habría que poner a disposición de los malagueños y las 109 que tendrían que añadirse a la sanidad pública granadina.

En total supone una carencia a futuro de 669 camas en toda Andalucía —3.975 a nivel nacional—. Todo ello, insisten, sin que las listas de espera obtengan un alivio. No al menos de manera directa.

La Complutense indica que las cuatro provincias andaluzas restantes podrían garantizar el servicio a los nuevos usuarios sin un impacto especialmente reseñable. Al margen quedarían las ratios de profesionales sanitarios, quirófanos, maquinaria para pruebas diagnósticas....

En 'El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas de su modelo sanitario y escenarios futuros', nombre concreto de este estudio realizado en un contexto (diciembre de 2023) no tan contaminado por el tira y afloja entre compañías aseguradoras y Mutualidades, se plantea qué ocurriría también con las empresas privadas ante la desbandada de usuarios con cobertura concertada a la sanidad pública.

Y es que si en los hospitales públicos las camas actuales se quedarán cortas, en los privados se dará la situación inversa: unas 2.000 camas sobrantes entre todas las comunidades autónomas.

En el caso andaluz se dan los dos extremos. Mientras en las provincias más pobladas no quedarían especialmente 'desiertas', en la onubense sobraría un 14 por ciento, que escala al 20 por ciento en la de Almería. Esa es la horquilla en la que se mueve Extremadura, buena parte de Castilla y León y la mayoría de Castilla La Mancha, por resaltar algunos lugares donde los asegurados de compañías sanitarias privadas lo son, fundamentalmente, por su pertenencia a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface).

Sin embargo, la provincia más afectada en este extremo sería la de Jaén, abocada a un 97 por ciento de camas sobrantes. Ninguna otra plantea esa perspectiva a nivel nacional según la Complutense.

«Además de la pérdida de camas indicada, los hospitales privados verían reducida significativamente su actividad, por lo que se pondría en riesgo la continuidad de algunos servicios o unidades de alta especialización en algunas ubicaciones, ya que en muchos casos se mantienen tan sólo para cumplir los convenios con las mutualidades», recalca el informe.

La propia Fundación del Instituto para el Diagnóstico e Integración de la Sanidad (Idis), órgano asociativo del sector sanitario privado, se hizo eco del estudio en una publicación del pasado mes de septiembre en la que también ponía el acento en el devenir de la actividad privada de producirse la asimilación de mutualistas. En este caso incluso hablan de cierres de clínicas privadas.

«En aquellos casos en los que existe más de un centro hospitalario privado en la provincia, se ha asumido que uno de ellos desaparecería en el caso de que el excedente de camas fuera superior a su media de camas por hospital». En el conjunto de Andalucía, Idis contempla el fin de la actividad de dos hospitales de titularidad no pública.

Son algunos de los desajustes a los que se vería abocado el sistema sanitario andaluz si finalmente el Estado no logra renegociar el acuerdo con las aseguradoras y opta por transferir directamente a las autonomías la parte proporcional de lo que hasta ahora recibía el mutualismo administrativo, tal y como deslizó ayer la ministra García.

Para calcular, grosso modo, la partida extra que el Gobierno de la nación debería consignar a Andalucía habría que multiplicar el total de mutualistas andaluces que se integrarían ahora en el SAS (440.000 según los datos de la Alianza de la Sanidad Privada Española facilitados a este periódico) por la prima media anual por persona (1.013 euros, tal y como indica el Idis).

Sin embargo, el resultado de 445.720.000 euros sería un montante insuficiente. Verbigracia por la patente situación a pérdidas referida por las aseguradoras con esa cuantía por mutualista, y que les ha llevado a rechazar el nuevo convenio.

Pero especialmente porque el gasto público por habitante en Andalucía para 2025 ya es de 1.765 euros. Si los mutualistas llegan al SAS, deberían hacerlo con las mismas condiciones. El consejero de Justicia José Antonio Nieto aludió a la complejidad de la integración de los mutualistas en el SAS, pero también a que se haría prestando siempre «una atención de calidad».

Por ello, multiplicando por la nueva variable el Estado tendría que insuflar 776.600.000 euros a la salud pública andaluza... para que se quede, al menos, como está.

El posible viraje del Gobierno que se dejó entrever ayer no ha tardado en dejar reacciones institucionales. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) directamente se oponen a la nueva solución. «No contemplamos el hecho de que se incremente el presupuesto para atender a los mutualistas en la sanidad pública. Lo que nos planteamos es que haya una nueva licitación, que cuente con la financiación pertinente para que dejen de producirse los recortes en los cuadros médicos de atención a mutualistas de los últimos años», explica la delegada de CSIF en Muface María del Carmen Espejo.

«Si en vez de tres empresas optan seis, pues mejor», explica acerca de lo que anteriormente era lo habitual en un sistema que «ha demostrado ser eficaz y eficiente desde la década de los setenta».

Por ello, aseguran que harán «todo lo que esté en nuestra mano para mostrar con contundencia, que nos oponemos a que peligre este derecho adquirido del funcionariado», concluye.