Revolución tecnológica en la Junta de Andalucía para reducir los trámites a mes y medio

Los sistemas informáticos y técnicos de la administración andaluza han ido evolucionando y modernizándose sobre todo en las sedes centrales de las consejerías o en departamentos clave como Educación o Salud —los ciudadanos usan aplicaciones para los institutos y centros públicos escolares y también para el SAS— pero han dejado atrás a las delegaciones provinciales desplegadas por todo el territorio. Ahora ha llegado el momento de dar el salto. O así lo ha decidido el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quien ha presentado ante el Consejo de Gobierno la formulación de un plan estratégico sobre el modelo de organización territorial provincial en la administración de la Junta de Andalucía que se aprobará en la reunión de este martes.

El objetivo es reducir la tramitación de los expedientes de manera ostensible, «queremos reducir el tiempo de los expedientes de un año y medio a mes y medio», explica Antonio Sanz a ABC. Un objetivo que entiende realizable, «sólo con la aplicación de los procesos de gestión ya podemos lograr ese plazo, aunque evidentemente no será homogéneo para todos los procedimientos».

Esta revolución va a cambiar la forma de trabajar en las delegaciones, unificando servicios administrativos comunes como compras, parque móvil, para que los funcionarios que ya trabajan en ellas puedan dedicarse a los asuntos relevantes y así se reduzcan los tiempos en la administración. Eso va a suponer también la redefinición de las funciones del personal de la Junta y un cambio en los procedimientos técnicos y administrativos que se utilizan. El primer paso va a ser aplicar los mismos criterios y sistemas de gestión en todas las provincias porque todavía hoy hay diferencias entre unas y otras aunque pertenezcan a la misma consejería. «Vamos a utilizar las mismas herramientas informáticas, ahora se usan decenas diferentes dentro de la Junta, y mejorar los canales de comunicación entre las delegaciones territoriales y los servicios centrales de las consejerías».

Otra medida incluida en este plan estratégico pasa por reequilibrar las cargas de trabajo. La organización interna de las delegaciones territoriales no se ha modificado tampoco y hay servicios que tienen mucha carga de trabajo, como los que gestionan las tramitaciones ambientales para energía o medio ambiente, y otros que ya no son demandados por los ciudadanos.

Uno de los cambios sustanciales pasa por reorganizar y modernizar las comisiones provinciales de patrimonio que son los organismos que permiten o no las obras en los centros históricos y los edificios protegidos en todas las provincias. Su especial sensibilidad hace que se conviertan en un tapón administrativo a muchas rehabilitaciones de edificios históricos. Con la simplificación y la reordenación de la relación de puestos de trabajo se van a reducir los plazos.

Porque otro de los proyectos que quiere poner en marcha Antonio Sanz y que está incluido en la estrategia que hoy va a formular en Consejo de Gobierno, pasa por incluir a los ayuntamientos en esta red digital administrativa. Ahora, los trámites de un proyecto llegan a la Junta una vez que han concluido en los ayuntamientos, «debemos hacer que sean simultáneos para ahorrar tiempo y dinero a los inversores», explica Antonio Sanz. Para ello se van a implementar plataformas de intercambio de información de forma que los procedimientos se puedan realizar en paralelo.

Este salto digital está muy avanzado y el consejero de la Presidencia estima que estará operativo para los ciudadanos «en pocos meses». Porque se ha ido avanzando en la digitalización de los trámites y la Junta tiene conocimiento de dónde están los principales escollos que se encuentran los ciudadanos. «La unidad aceleradora de proyectos que pusimos en marcha en la anterior legislatura nos ha mostrado los problemas reales de los inversores, tenemos muy adelantado el trabajo».

Y hay muchas medidas que ya se han puesto en marcha. Como las ayudas que se han concedido a la contratación de personal en las pymes, que se han repartido en 37 días cuando hasta ahora tardaban más de un año en resolverse. Un procedimiento administrativo que también se está aplicando en las pensiones no contributivas o en las ayudas a la dependencia.

Eso no significa que sea un proyecto simple. Porque habrá que cambiar funciones del personal de la Junta, el procedimiento interno de funcionamiento y también normativa para cumplir con la legalidad y la seguridad jurídica. Así, estos cambios tienen tres patas en la administración andaluza, la Dirección General de Simplificación y la Agencia Digital que dependen de la Consejería de Presidencia, y la Secretaría General de Función Pública que depende de Justicia.