El reglamento de la nueva Ley del Suelo de Andalucía verá la luz tras el verano

La Junta de Andalucía ha tomado nota de los errores del pasado para que no se repitan. La Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, conocida como Lista, se aprobó el 25 de noviembre pasado en el Parlamento con los votos a favor del PP, Ciudadanos y Vox, la abstención del PSOE y la oposición de Unidas Podemos. Apenas dos meses y medio después, el 10 de febrero pasado, se sometió a exposición pública el decreto sobre el reglamento que la desarrolla para que las organizaciones y entidades implicadas plantearan sus alegaciones.

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, de la que partió el proyecto, prevé que el nuevo Ejecutivo que volverá a presidir Juanma Moreno dé el visto bueno al citado manual o guía en un Consejo de Gobierno que se reunirá tras el verano, en septiembre u octubre. La fecha definitiva está condicionada por el tiempo que necesite el Consejo Consultivo de Andalucía para emitir su dictamen preceptivo y no vinculante sobre el reglamento de la ley que debe aclarar las dudas y ofrecer herramientas para ajustar los planes municipales a la nueva legislación.

Desde el principio, el departamento que dirige Marifrán Carazo se comprometió a que la norma naciera con un reglamento bajo el brazo para no dejar ningún resquicio a la incertidumbre jurídica. «En esta ocasión no va a ocurrir como con la anterior ley, la LOUA, que en sus casi dos décadas de vigencia no definió unos reglamentos que hicieran más sencilla su aplicación», precisó entonces la consejera. Es más, la propia ley se dio un plazo máximo de seis meses desde su aprobación para contar con los reglamentos de planeamiento y gestión urbanística. La convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas del 19 de junio ha impedido, por un estrecho margen, cumplir con ese calendario.

Para que no le cogiera el toro, la Junta estuvo redactando el reglamento al mismo tiempo que consensuaba la ley con los ayuntamientos, colegios profesionales y colectivos afectados. Tras más de un año de negociación con los actores implicados, la Lista salió adelante con un acuerdo inédito en tiempos de polarización política.

La ley estelar del actual Gobierno del PP y Ciudadanos en funciones persigue justamente agilizar los planes municipales y reducir las trabas burocráticas que tantos quebraderos de cabeza han dado a alcaldes, promotores inmobiliarios y dueños de viviendas irregulares. Todos ellos se quedaron atrapados en la maraña creada por la LOUA, que pasó a mejor vida el pasado 23 de diciembre, cuando entró en vigor la nueva norma autonómica.

El texto definitivo unifica la Ley de Ordenación Urbanística y la problemática LOUA, modifica 44 normas y deroga tres leyes y tres decretos. De este modo, según defiende el Gobierno andaluz, se pretende acortar a dos años y medio el proceso de aprobación de un plan. La Lista tomó como referencia la reforma de la LOUA que empezó a tramitar como anteproyecto de ley en 2017 el anterior gobierno socialista, consciente de que la farragosa ley en vigor ralentizaba los procedimientos de ordenación urbanística.

En su afán por aliviar los trámites, la Lista extiende el uso de la declaración responsable para realizar, sin esperar al permiso municipal, obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica sin necesidad de proyecto.

El nuevo modelo urbanístico de la Junta reduce a dos las clases de suelo: urbano y rústico, suprimiendo la categoría de urbanizable, y en el caso del urbano también elimina las categorías de consolidado y no consolidado.

Pero la gran novedad que plantea es la posibilidad de edificar una casa aislada en suelo rústico como segunda residencia siempre que no dé pie a la formación de nuevos núcleos de población. La LOUA sólo permitía hacerlo a quienes demostrasen que iban a vivir de la agricultura o la ganadería. Ésa era la teoría, porque la realidad es que la picaresca campaba a sus anchas y se levantaron chalés incluso en terreno rural protegido ante la dejación de las administraciones local y autonómica. En la actualidad, hay 300.000 viviendas repartidas por suelo no urbanizable de toda la región, algunas de ellas sin enganches de agua y electricidad ni instalaciones de saneamiento. La nueva norma facilita su regularización.

El borrador del reglamento también detalla las condiciones en las que las casas aisladas podrán levantarse en suelo rústico. Pone algunos límites. Los ayuntamientos no podrán autorizarlas allí donde abunden las «agrupaciones de edificaciones irregulares». Los servicios básicos (saneamiento, agua o electricidad) «deben garantizarse de forma autónoma y ambientalmente sostenibles» y contar con las preceptivas autorizaciones. La casa deberá estar fuera de los cursos naturales de escorrentías y respetará el arbolado existente. Además, el reglamento no permite edificar «más de una vivienda en la misma parcela». Cualquier edificación de este tipo deberá contar con una autorización previa a la licencia municipal que cualifique los terrenos en los que vaya a hacerse. Si pasados seis meses, no la obtiene, se entenderá que el permiso ha sido denegado.