El consejero Gómez Villamandos: «Las universidades andaluzas son de las más rentables del mundo, muchísimo más que Oxford o Harvard»

—¿Se ha sentado ya con los rectores para diseñar un nuevo modelo de financiación para el sistema universitario andaluz?

—Nos sentamos el 11 de septiembre con ellos. Fue una de las primeras reuniones que tuvimos. Tenemos la experiencia de dos modelos de financiación, el de 2006, fue fallido, pero se mantuvo hasta 2014. Y el de 2021, que no ha resuelto lo que se esperaba. Con buen criterio del presidente de la Junta, ha optado por modificar ese plan. Vamos a trabajar en él bajo tres premisas: la suficiencia financiera, para que nos entiendan, poder abrir todos los días; un capítulo de indicadores de rendimiento de las universidades, fundamentalmente investigación e innovación; y un contrato-programa para hacer políticas de personal o igualdad.

Esperamos tenerlo para mayo o junio de 2023 si llegamos a un acuerdo.

—¿Se van a transferir más fondos de la Junta a las universidades?

—El modelo dirá cómo se distribuye el dinero para dar respuesta a unas políticas. ¿Más dinero? La situación económica que nos espera para 2023 y 2024 es muy complicada. Tenemos que garantizar la suficiencia financiera e inyectaremos más dinero a las universidades a través de fondos europeos de distinta naturaleza. Estamos buscando herramientas para transferir este dinero sin que suponga un calvario a la hora de justificarlo.

—¿Sobra ideología en los despachos de las universidades?

—Mi experiencia es que cada rector y equipo de gobierno defiende los intereses de su universidad. Eso se puede interpretar a veces de una forma o de otra. No hay que olvidar que las universidades son plurales y si un rector se manifestara políticamente hacia un sector, a lo mejor perdería apoyo de su comunidad universitaria.

—La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que aprobó el Gobierno endosa a las comunidades autónomas la obligación de fijar un mínimo de gasto público en educación universitaria del 1% del PIB (ahora está en el 0,7%), pero no se garantiza un incremento de los fondos del Estado. ¿De dónde van a salir el dinero?

—La redacción de ese artículo del 1% es una trampa saducea que lleva a engaño, porque es un 1% no por universidad, sino en el conjunto del Estado. Creo que un 1% es escaso. En la Educación no universitaria es un 5%. Los dos años que vienen con una situación de crisis obligan a tirar de fondos europeos y después habrá que hacer una planificación. El Gobierno sí debería inyectar más dinero a las comunidades. La falta de financiación dificulta mucho que cumplir ese porcentaje. Haremos todo lo posible por destinar más del 1%, que me parece escaso.

—¿La Junta de Andalucía va a mantener durante toda la legislatura la bonificación hasta el 99% del coste de la matrícula a los estudiantes en las asignaturas aprobadas?

—Sí, durante los cuatro años. Vamos a ver incluso cómo algunos precios públicos no sujetos a bonificación se pueden adaptar a la situación actual.

—¿Como cuáles?

—Por ejemplo, las segundas y terceras matrículas (en asignaturas que se suspenden y de las que tiene que volver a inscribirse). Ahí hay un incremento muy importante en el precio. Un alumno que pincha en las dos convocatorias de evaluación que contempla la primera matrícula, tiene que hacer un desembolso no sujeto a bonificación. Queremos ver cómo se hace para que nadie deje de estudiar por una razón económica. Pueden suspender también porque deben trabajar y estudiar a la vez. Con esto iríamos a proteger a aquellos más desfavorecidos. No tendría que ser para todos. No sé cómo lo haremos porque tenemos pendiente una reunión con las universidades y los consejos de estudiantes, pero la idea es que sea gradual y no para toda la población. Queremos ayudar a quien realmente lo necesite.

—¿Las universidades siguen siendo endogámicas?

—Hay que determinar qué es endogámico. Si una persona ha estado tres años fuera formándose y luego vuelve a la universidad donde hizo la tesis, ¿eso es endogamia o una especialización de la plantilla? El factor endogámico con ese criterio es erróneo. Lo que habría que valorar es que pasó desde que hizo la tesis hasta que se contrató.

—La LOSU establece los tribunales externos para reducir arbitrariedad.

Las universidades pedimos los tribunales externos desde la etapa del Gobierno de Rajoy en los concursos de plazas. Ahora lo recoge la nueva ley. No tendría sentido que una persona que lleva años trabajando con buen rendimiento se tenga que ir a otra universidad. Se habla de forma demasiado alegre de la endogamia.

—¿Por qué no hay ninguna universidad andaluza en la clasificación de las 100 primeras del mundo que elabora la Universidad de Shanghái?

—Es muy fácil. El presupuesto de las cien primeras universidades puede ser diez veces el de todo el sistema andaluz. Las diez universidades públicas manejan 1.600 millones de euros cuando la de Harvard tiene un presupuesto de 15.000 millones.

—¿Es una cuestión sólo de dinero?

—De dinero y flexibilidad a la hora de contratar. Si tuviéramos esos 15.000 millones y con las restricciones normativas que la LOSU no sido capaz de eliminar tampoco podríamos hacer mucho más. Si quisiéramos contratar a un Nobel y pagarle el sueldo que le corresponde, nos costaría muchísimo trabajo. Para la financiación que recibe el sistema universitario español y andaluz, es el más eficaz de todo el mundo. La rentabilidad que sacamos a cada euro es muchísimo mayor que la de Harvard, Oxford o Cambridge.

—¿Cómo va a retener el talento de investigadores y graduados que emigran al extranjero?

—Ahora mismo el gran hándicap lo tienen una formación posdoctoral de calidad y luego se les abre un abismo porque no sabe, por desgracia, lo que va a pasar al día siguiente. Ahí es donde nosotros tenemos que darles certeza con la búsqueda de excelencia o procesos de estabilización. El gran problema es la falta de incertidumbre en la carrera académica.

—Las universidades públicas siguen aumentando su oferta de titulaciones, pese a que no crece la demanda de estudiantes. Todas las universidades tienen que tener de todo y que que su hijo estudie cerca de casa. ¿Hace falta una revisión de las titulaciones en Andalucía?

—Los títulos de grado no se han incrementado desde 2010 en Andalucía, con lo cual no ha habido un crecimiento importante. Los títulos que nos pongan encima de la mesa a partir de ahora y ahí tiene que ir el decreto de regulación de enseñanza, van a ser flexibles. No puede ser que una universidad implante un título que tiene un impacto social y al cabo de los años otro campus vecino ponga el mismo. Hemos tenido una competencia por una desregulación del sistema en el que, como señalaba, queremos tener todo de todo. Debe depender de criterios de oportunidad, demanda, territorialidad y la capacidad de esa universidad. Si una universidad como Córdoba quisiera poner ingeniería aeroespacial sería absurdo porque no tiene capacidad para este grado, pero sí para otros.

—¿La idea es acabar con el todo para todas las universidades?

—Sí. Totalmente.

—¿Cómo es posible que las titulaciones que se ofrecen se aprobaron a 2010 cuando la sociedad ha cambiado mucho en doce años?

—Desde 2010 ningún gobierno se ha atrevido a tocar esta situación. Mi antecesor lo puso encima de la mesa, pero entre el modelo y la pandemia se quedó en el tintero. El decreto de ordenación de enseñanza que vamos a sacar para la primavera va a permitir poner nuevas titulaciones más adaptadas a las necesidades de la sociedad. Por lo menos, que tengamos la capacidad de modificar las titulaciones que ya existen para cambiar contenidos para adaptarlas y ahora es muy difícil.

—¿Qué titulaciones tienen más salida laboral?

—Tenemos que casar dos variables: la demanda y la empleabilidad sobre todo en el campo de las Humanidades. Hay una demanda en algunas titulaciones porque se ponen de moda o salen en la televisión, pero luego la empleabilidad es muy baja. También hay que hacer una oferta porque hay una parte de la sociedad que no busca empleabilidad.

—¿Cómo se propone acabar con la precariedad de los investigadores?

—Uno de los problemas de España es que cuando llegan fondos europeos empezamos a sacar convocatorias posdoctorales. Luego se acaban los fondos y a esas personas no podemos darles continuidad, con lo cual se crean bolsas de frustración. Lo que vamos a hacer desde la Junta en colaboración con las universidades es que las convocatorias posdoctorales tengan asociado un compromiso de estabilización. Si una universidad quiere acceder a ellas, tiene que comprometerse a sacar plazas para esos colectivos.

—¿Se va a simplificar la burocracia a la que se enfrentan los investigadores?

—Estamos en ello. Las convocatorias que llevaremos al Consejo de Gobierno contemplarán la exceptuación. Ahora la norma marca que se pague el 50% al principio, en mitad el proyecto deben certificar que se han hecho las cosas bien y luego se le abona el resto. Esa verificación supone una carga de trabajo innecesaria. Vamos a pedir que el 100% se pague en cada anualidad y que la verificación se haga al final, como se hace en los proyectos a nivel nacional. No sólo evaluaremos la parte económica, el buen uso de los fondos, sino también los resultados académicos de la investigación, que hasta ahora no se hacía.