El PSOE de Andalucía maniobra para vetar que el Parlamento critique a Pedro Sánchez

La costumbre en la Cámara andaluza -donde se debate de política además elaborar nuevas normas y leyes- ha sido siempre permitir estos debates aunque muchos de ellos no afecten directamente ni a las competencias del ejecutivo regional ni a la política andaluza. Así ha sucedido en los últimos 40 años de práctica parlamentaria... salvo dos excepciones en la legislatura de la pinza (1994-96).

Ahora el PSOE quiere vetar todas las iniciativas en el Parlamento que se refieran al Gobierno central, una intención que ha desvelado su portavoz, Ángeles Férriz, quien considera «un abuso» las proposiciones no de ley que ha presentado el PP en esta legislatura, ya que de 20 que se han debatido, 19 versaban sobre competencias del Estado. Y para ello ha recuperado un artículo del reglamento de la Cámara que no se ha utilizado nunca y que, además, no existe en otros parlamentos autonómicos. Se trata del artículo 171 que requiere que para debatir de un asunto que no sea de competencia autonómica (es decir, del Estado, ayuntamientos o diputaciones) es necesario contar con el aval de tres quintos de la Cámara (73 diputados) o de tres grupos parlamentarios siempre que sean la mayoría.

En base a este artículo, la Junta de Portavoces del Parlamento andaluz puede vetar el debate de todas estas iniciativas si lo pide el PSOE ya que el PP y Vox suman 72 diputados, les faltaría uno para lograr esa mayoría de tres quintos, por lo que no podrían sacar adelante estos debates en la Cámara.

La polémica política está servida. El PSOE argumenta que su único objetivo es frenar un abuso pero el PP entiende que se trata de hurtar el debate democrático, un extremo que considera «muy grave». Y ponen sobre la mesa que, si se aplica este artículo con todos los extremos, no se podrá debatir de asuntos clave como la financiación autónomica -que tuvo hasta un grupo de trabajo específico en la Cámara liderado por la entonces consejera María Jesús Montero- o del reparto de fondos europeos Next Generation.

Los socialistas han pedido un informe jurídico al letrado mayor del Parlamento para que aclare en qué circunstancias se puede reclamar la aplicación de este artículo, un informe que concluye que está en vigor aunque obsoleto, que no se ha usado en toda la historia de la Cámara y que debería derogarse ya que no existe en otras instituciones similares.

Pero al margen de las cuestiones técnicas y de procedimiento, la clave de todo este asunto es política. Porque resulta muy llamativo que los socialistas traten de usar un ardid parlamentario para tratar de proteger a Pedro Sánchez de los ataques políticos, sobre todo porque la estrategia de la confrontación no es nueva. Todo lo contrario. Los sucesivos gobiernos socialistas de Andalucía han basado una parte de su discurso político no sólo en el agravio del Gobierno central con respecto a las legítimas reivindicaciones de Andalucía sino también en la confrontación de dos modelos de hacer política. Lo hicieron los Ejecutivos de Chaves contra Aznar y Rajoy y lo mantuvo Susana Díaz.

Pero también lo utilizan el resto de partidos de la Cámara ya que no se trata sólo de censurar las políticas del Gobierno central sino también llevar al Parlamento los principales asuntos que están en la agenda nacional.

Los datos son claros. El Gobierno que presidió Susana Díaz en la X Legislatura, de 2015 a 2019 (cuando Rajoy era presidente del Gobierno hasta la moción de censura de 2018), presentó 82 proposiciones no de ley con diferentes demandas al Gobierno de la nación. Entre ellas, el rechazo a la Ley Mordaza de Rajoy, la política económica incluída en los Presupuestos Generales del Estado, o la modificación de la cuota de pesca del atún rojo de Almadraba.

Ahora las tornas han cambiado porque así lo han decidido los ciudadanos con sus votos y hay un gobierno diferente en La Moncloa y otro en San Telmo. Y en esta legislatura, el PP con mayoría absoluta en Andalucía ha presentado 19 proposiciones no de ley contra la política de Pedro Sánchez. La mayoría de este tipo de PNL utilizan la misma fórmula introductoria: «El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a instar a su vez al Gobierno de la Nación...».

Las demandas del PP que los socialistas entienden como abuso van desde las actuaciones del Estado «en materia de política de agua»; «la gestión, eficacia y ejecución» de los Fondos Europeos Next Generation; las medidas del Gobierno contra los «efectos de la inflación»; el compromiso de alcanzar «la gratuidad del primer ciclo de Infantil (0-3 años)»; la formación de los MIR; sobre la autonomía financiera de las comunidades autónomas tras el Impuesto a los ricos que impuso el Ministerio de Hacienda; el cierre del cementerio nuclear de El Cabril o el rechazo a los delitos de sedición y malversación.