El protocolo contra sumisión química en Andalucía ofrece ayuda psicológica a las víctimas

Según explica la Consejería de Salud y Consumo, el protocolo no se conocerá hasta el martes. Sin embargo, añaden que los centros sanitarios y de Atención Primaria ya lo tienen disponible. El documento, añaden, es fruto del trabajo de dicho departamento y del de Inclusión Social así como la de Presidencia.

Este protocolo llega cuando el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene bajo estudio más de 60 posibles casos de pinchazos a mujeres y hombres en discotecas y otros contextos de ocio. Uno de los últimos episodios se produjo en la localidad onubense de Valverde del Camino, donde este fin de semana el Ayuntamiento suspendió las fiestas por la denuncia de cuatro posibles intentos de sumisión química. 

Las autoridades coinciden en que, aunque en muchos de esos supuestos pinchazos no se produzca la inoculación de algún químico, suponen una agresión. Además, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, advirtió la semana pasada de que esa práctica puede ayudar a contagiar enfermedades por el uso continuado de un mismo objeto punzante en varias personas.

El protocolo que ahora ha configurado el Gobierno andaluz recuerda que esas agresiones con pinchazos son «un delito» que «conllevan la emisión de un parte de lesiones y una atención sanitaria urgente, ante la posible situación de sumisión química asociada» a la agresión.

El protocolo reformado busca, según explican desde la Consejería de Salud, la colaboración de todas las administraciones y autoridades. Así, además de las consejerías que han participado en su reformulación, se implica a la Policía, Guardia Civil, el Instituto Andaluz de la Mujer, los Juzgados, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal.

El protocolo se activa cuando la víctima comunica la posible agresión. Primero se la atiende en los servicios de Emergencias del hospital o del centro de salud o, también, mediante el servicio de Emergencias 112. En esta fase los sanitarios se encargan de tomar muestras que puedan ayudar a esclarecer el episodio y si, efectivamente, se ha inyectado alguna sustancia en el cuerpo.

Esas muestras se custodian en los laboratorios de Análisis Clínicos o Áreas encargadas para tal fin, explican desde la Consejería de Salud para, más tarde, ser analizados por el Instituto Nacional de Toxicología. A la víctima se le ofrece la posibilidad de denunciar los hechos y, además, se le brinda ayuda psicológica si así lo requiere.

También se pone a disposición de la persona afectada «respuesta médico-legal oportuna que garantice los derechos de la víctima y una guía de procedimiento a nivel extrahospitalario definiendo los pasos a seguir y la documentación legal imprescindible».

Desde el Gobierno andaluz recuerdan que «el Instituto Andaluz de la Mujer cuenta con dos programas asistenciales para víctimas de agresiones sexuales: el Servicio de atención telefónica inmediata 24 horas contra la violencia sexual y el Servicio de asesoramiento jurídico, asistencia legal y atención psicológica a mujeres víctimas de violencia sexual y abusos sexuales en Andalucía».

Por su parte, la Consejería de Justicia subraya «la importancia de que las víctimas denuncien de manera inmediata este tipo de agresiones, para activar los procesos necesarios en el ámbito de la Administración de Justicia».

El documento redactado por la Junta señala con precisión qué se considera sumisión química. Así, el protocolo la define como «agresión sexual, robo, extorsión y/o maltrato que sufre una persona a la que se le ha administrado de forma deliberada una sustancia psicoactiva para anular su voluntad».

El nuevo protocolo señala, además, que la sumisión química es «un problema de salud y una forma de violencia».