El PP pedirá al Gobierno central que conceda una «financiación justa» a Andalucía para la educación

Se pide al Ejecutivo central que «habilite los mecanismos necesarios para asignar partidas económicas suficientes, asegurando la igualdad de trato entre todos los ciudadanos y el cumplimiento del principio constitucional de equidad, y que permitan sufragar el coste de la prestación de servicios educativos«.

Así, en materia de becas, se pide incluir en los convenios anuales de colaboración entre el ministerio competente y la comunidad autónoma una cláusula específica que garantice la compensación económica por los gastos derivados de la gestión de las becas destinadas al alumnado no universitario, proporcional al volumen de solicitudes y funciones asumidas.

También se demanda al Ejecutivo nacional que abone los importes ya incurridos en condiciones de equidad con otras comunidades autónomas, como Cataluña.

Sobre el primer ciclo de Educación Infantil, se le reclama una transferencia de 112 millones de euros de los fondos europeos previstos para este nivel educativo, a fin de destinarlos a la gratuidad de las plazas ya existentes y evitar su devolución a la Comisión Europea.

En Formación Profesional, el PP-A pide al Gobierno central destinar una partida anual de 22 millones de euros para las necesidades del modelo dual, asumir las cotizaciones del alumnado en prácticas (más de 3 millones de euros anuales) y consignar 32 millones adicionales para financiar la integración del profesorado técnico.

Asimismo, se pide un plan nacional de renovación de infraestructuras educativas, con financiación suficiente y criterios de distribución equitativos entre las comunidades autónomas, priorizando zonas rurales, barrios vulnerables y entornos con alta demanda educativa.

Otra demanda es «el cumplimiento por parte del Gobierno de la nación del compromiso adquirido del plan de climatización para colegios anunciado en 2021, dotándolo de la consignación presupuestaria necesaria para cooperar con las comunidades autónomas«.

Asimismo, se pide convocar de «forma presencial la Conferencia Sectorial de Educación, como órgano de coordinación, cooperación y participación real de las comunidades autónomas, en sustitución del sistema actual de comunicación, mediante correos electrónicos«.