El PP endurece su ofensiva en el Parlamento andaluz por las sentencias del Constitucional de los ERE y la ley de Amnistía

La primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo formalizado por Magdalena Álvarez que revisa la aplicación del delito de prevaricación y las ponencias que han trascendido sobre los recursos de amparo de Carmen Martínez Aguayo y de Antonio Fernández, han situado de nuevo, años después, al caso de los ERE en el centro de un debate político con un PSOE que percibe las resoluciones del Alto Tribunal como un balón de oxígeno que respalda su discurso que acota las responsabilidades penales al área de Empleo mientras, y un PP que quiere evitar un «revisionismo o un blanqueo» del caso de los ERE que ha sido uno de los ejes de su discurso político los últimos años.

El caso de los ERE y las sentencias del Tribunal Constitucional han entrado así en un relato del «agravio» y del «maltrato» a Andalucía por parte del Gobierno de España junto a la Ley de Amnistía y a la negociación para una financiación singular para Cataluña y el rechazo a un fondo de nivelación que concedería 1.500 millones de euros a Andalucía.

Todos estos elementos estuvieron presentes en la Proposición no de ley aprobada ayer en el Parlamento cuyo contenido no obstante quedó parcialmente desactualizado por la firma del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial como subrayaron los grupos de la oposición. La iniciativa, aprobada por el PP y Vox, cuyas enmiendas no fueron aceptadas, marca posición del Parlamento en torno a las sentencias del Constitucional: «El Parlamento muestra su total respaldo a las decisiones de los tribunales de justicia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y en su acción por depurar y perseguir las responsabilidades personales en el caso de los ERE por los delitos de prevaricación, falsedad en documento público y malversación, por el maltrato y la aplicación de los recursos y del patrimonio público a un fin delictivo».

No hubo referencias explícitas al Tribunal Constitucional en el texto. Pero no hizo falta. Ya lo subrayó dentro de la Cámara el diputado por Jaén Erik García en su intervención: «No van a poder borrar los ERE por más que intente hacer ninguna injerencia política, los 700 millones de euros que repartieron a diestro y siniestro. No los van a poder borrar jamás». Fuera del Parlamento, fue el secretario general del PP-A, quien se expresó si cabe con una mayor contundencia: «Pedro Sánchez quiere reescribir la historia con una especie de amnistía encubierta. Pero no podemos olvidar lo que sucedió en Andalucía en los años de gobierno socialista. Diga lo que diga Pedro Sánchez y el PSOE, los dirigentes socialistas fueron condenados y seguirán siendo condenados».

La estrategia del PP, avalada por su mayoría absoluta, no obtuvo respaldo del resto de grupos políticos. Incluso Vox, quien apoyó la Proposición no de ley, cuestionó el «teatrillo» del Grupo Popular días después del acuerdo con el PSOE por el Consejo General del Poder Judicial. Las propuestas de esta formación fueron rechazadas e incluso algunas de las acusaciones realizadas durante su turno de intervención contra el PSOE, como «golpistas o sátrapas» fueron cuestionadas por la Mesa de la Cámara y en algún caso retiradas del libro de sesiones tras las airadas quejas del Grupo Parlamentario Socialista.

Desde el PSOE, la ofensiva es a la inversa del PP. Los socialistas registraron una moción en defensa de la «regeneración, contra los bulos y la desinformación» y con una batería de medidas de transparencia que venían a reforzar el planteamiento del Gobierno de España desde que arrancó la instrucción contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, y se produjeron el amago de dimisión de Pedro Sánchez.

Y, posteriormente, situaron a Noel López, para enfrentarse al debate con el PP sobre el caso de los ERE. El ex secretario de Organización del PSOE-A fue investigado por un caso de secuestro hace un año, y posteriormente fue archivado. «Si fuera por el PP yo no estaría en el Parlamento, porque ya me habían condenado. Esta propuesta la ha escrito un hooligan de la extrema derecha. El PP está en el centro de Vox y Se acabó la Fiesta», apuntó Noel quien llegó a tildar de «sicario político» Erik López, calificativo que fue retirado.

El mismo escepticismo lo mostraron los dos grupos a la izquierda del PSOE. Por Andalucía y Adelante Andalucía reprocharon al PP su pacto con el PSOE por el Consejo del Poder Judicial y le reprocharon que el objetivo es «ocultar problemas de gestión» en Andalucía.