El nuevo sistema de ayudas a las familias vulnerables carece de implantación en el 85% de los municipios andaluces

El nuevo sistema de las tarjetas monedero, que el Gobierno de España ha aprobado, consiste en una adjudicación directa a Cruz Roja por un importe de 94 millones de los cuales 19 son para Andalucía para que se distribuyan a las familias que vengan derivadas de los Servicios Sociales un total de 70.000 tarjetas monedero. Estas sólo se pueden canjear en los siete negocios que resultaron adjudicatarios del proceso abierto por la entidad, estos son: Carrefour, Alcampo, Eroski-Caprabo, Spar Gran Canaria, Más y Más, Alimerka y Dinosol.

De estas cadenas sólo tres tienen implantación en Andalucía (Carrefour, Eroski-Caprabo y Alcampo). En total, según los datos comunicados por el Ministerio a la Administración autonómica, disponen de 319 establecimientos repartidos por 120 municipios, principalmente grandes ciudades y capitales. En el resto del territorio, el 85% de los municipios, no tienen presencia por lo que de momento no está definido cómo se podrán canjear las tarjetas monedero para familias vulnerables de esta parte del territorio sin tener que realizar para ello un desplazamiento a otro término municipal o a la gran ciudad de referencia. De acuerdo con los datos, estas empresas de alimentación están presentes en 8 de los 102 municipios de Almería, en la mitad de los de Cádiz, en 10 de 75 en Córdoba, en 17 de 168 en Granada; en 8 de 79 en Huelva; en 12 de 97 en Jaén; en 15 de 107 Sevilla y en 29 de los 100 de Málaga.

La Junta de Andalucía, a través de la consejera de Igualdad, Inclusión Social, Familia y Juventud, Loles López, alzó la voz por esta situación. «Se quedan ocho de cada diez municipios fuera. En 665 municipios no hay ningún supermercado dónde se pueda usar la tarjeta monedero obligando a las familias vulnerables a desplazarse kilómetros a otras localidades (...) Se castiga a la Andalucía rural y se excluye del acuerdo al pequeño comercio local», apuntó la consejera, quien señaló que la implantación territorial de estas cadenas es superior en otras comunidades autónomas como Cataluña, Canarias o el País Vasco.

No obstante, aunque el Gobierno de España ha anunciado ya la puesta a disposición de las tarjetas para las familias vulnerables con menores, lo cierto es que el sistema no ha arrancado aún. Cruz Roja, la entidad que debe gestionar todo el programa, aún está analizando cómo se va a desarrollar y cómo se va a responder a cuestiones como la falta de implantación territorial en zonas rurales de las grandes cadenas que han resultado adjudicatarias de este programa.

En cualquier caso, durante este año 2024 el modelo de trabajo está pensado como un sistema coordinado entre administraciones. El Gobierno define el sistema, lo financia y elige a una entidad como Cruz Roja a quienes las comunidades autónomas en el marco de sus competencias deben remitir a las familias beneficiarias. A partir de 2025 todo el proceso será coordinado en solitario por las comunidades. Se trata por tanto de un sistema «provisional» según subrayan desde el Ministerio, para dar margen a las comunidades para que definan su propio modelo a partir de 2025.

El sistema de las tarjetas monedero permite, de acuerdo con el Gobierno de España, una mayor cuantía económica a las personas beneficiarias aunque el número, según el criterio de la Junta de Andalucía, se haya visto reducido. A cada familia le corresponde un importe en la tarjeta, en función del número de hijos y de sus recursos con un máximo de 220 euros mensuales que puede ser gastado en las cadenas seleccionadas aunque con limitaciones (quedan fuera los alimentos ultraprocesados y las bebidas alcohólicas). El objetivo es es «evitar la estigmatización social» que supone para familias acudir a economatos o entidades sociales.

Desde el Ministerio aclaran que en la adjudicación a Cruz Roja se acordó que los establecimientos que fuera seleccionados debían tener instalada la discriminación por caja con un sistema informático que permita excluir productos, recargar tarjetas y comprobar restricciones. Además, se exigía que los establecimientos tuvieran cobertura territorial y capacidad de gestión de incidencias. Con estas bases, y con el proceso abierto por Cruz Roja, se han formalizado finalmente siete acuerdos con grandes cadenas de las que sólo tres tienen presencia en Andalucía.