Andalucía estrena su herramienta para reducir las agresiones a los profesionales sanitarios
El observatorio permitirá analizar este fenómeno de violencia y su evolución para aplicar las medidas adecuadas para prevenir, detectar y actuar de manera más eficaz
El año pasado se registraron 362 agresiones físicas a los profesionales sanitarios y 1.504 agresiones no físicas en los centros sanitarios públicos de Andalucía
Las agresiones físicas a sanitarios aumentan un 25% desde 2019 y hay ya más de una al día en Andalucía
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Iniciar sesiónEl Observatorio de Agresiones a Profesionales Sanitarios de Andalucía ya es una realidad. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha 'bautizado' este servicio, un «hito» calificado como «histórico», además de ser «un deseo» que llevaba mucho tiempo en el cajón a la espera ... de vez la luz.
Un organismo que pretende ser la respuesta necesaria al drama que sufren los profesionales sanitarios. Insultados, agredidos, amenazados y vilipendiados cada día en una espiral que no hace más que crecer. El observatorio es la herramienta para defender, proteger y apoyar a los médicos, sanitarios, celadores y técnicos, en los distintos procesos temporales: antes (prevención, concienciación, sensibilización), durante (seguridad) y después (apoyo psicológico y jurídico).
Antonio Sanz ha querido dar sus primeros pasos en su nueva área y ha impulsado este nacimiento. Las estadísticas son terribles. Solo el año pasado se registraron 362 agresiones físicas a los profesionales sanitarios y 1.504 agresiones no físicas en los centros sanitarios públicos de Andalucía. En hospitales, representan el 47,48%, y en los centros de atención primaria alcanzan el 52,52%. «Había que ponerlo en marcha y esa ha sido mi iniciativa», apunta el consejero. «Es un asunto de enorme importancia. Hay que proteger a los que nos cuidan».
Esta iniciativa arranca su andadura con casi una treintena de miembros (28 personas) y irán incorporando otros grupos, entidades y colectivos».
«El observatorio que hemos puesto en funcionamiento es el instrumento que nos va a permitir analizar el fenómeno de la violencia física y verbal, su evolución, participar en los procesos de evaluación de los resultados, así como establecer medidas para prevenir, para detectar y para actuar de forma más eficaz ante cualquier tipo de violencia», insiste Antonio Sanz, señalando que cuenta con representantes de todos los ámbitos de la salud y la seguridad. «Hemos incrementado un 75% la inversión en seguridad desde el 2019 y creamos este observatorio, uno de los pocos formalizados en España».
Ahora aplicarán «las nuevas tecnologías para tener más capacidad de agilidad en la respuesta y de alerta ante una agresión», con el desarrollo del sistema Auxilia, a prueba en diferentes provincias. Las agresiones son más que una estadística, por ello el reto es estudiar cada caso y analizar en profundidad las circunstancias por las que se haya podido producir y en qué derivada se produce.
El objetivo: sanitarios más protegidos
La defensa de los profesionales obliga a desarrollar una actuación integral y plural y por ello se ha establecido este órgano participativo. Antonio Sanz ha recordado que «el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del SAS fue actualizado la última vez en el 2020» y en él «se establecen canales ágiles y rápidos para que la persona que sufra una agresión, sea física o verbal, nunca esté sola, especialmente en esos primeros momentos. Pero tampoco después, ya que contribuimos a que pueda recibir atención psicológica y asesoría jurídica».
De hecho, durante 2024, los letrados del SAS realizaron 197 asistencias, logrando 94 sentencias condenatorias, 34 de ellas tipificadas como delito de atentado. Las penas de estas sentencias oscilan entre los 12 meses y los tres años de prisión.
El SAS refuerza la seguridad
Según datos de la Consejería, el sistema cuenta con 53.700 dispositivos de seguridad de distinto tipo: más de 4.400 cámaras de seguridad, más de 35.000 dispositivos de aviso en consulta y más de 7.500 alarmas individuales, un nuevo dispositivo que ejerce un efecto disuasorio y permite lograr una mayor rapidez de actuación entre compañeros y vigilantes de seguridad. «La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función es considerada hoy un delito de atentado a la autoridad por los tribunales de justicia», con penas que «oscilan entre los 12 meses y los 3 años de prisión».
El Observatorio de Agresiones es un órgano asesor, compuesto por representantes tanto de Sanidad como de Interior y del SAS, de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma, de los colegios profesionales de Médicos, Enfermería, Farmacéuticos, Trabajo Social, Psicólogos, Podólogos, Veterinarios, Dentistas, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupaciones y Logopedas que tendrá su complemento en cada una de las provincias.
Los sindicatos de Enfermería SATSE, el Sindicato Médico Andaluz, CSIF, CCOO y UGT también cuentan con vocales en este órgano que «nos va a facilitar información cualitativa y cuantitativa de calidad, promoviendo el desarrollo y seguimiento estadístico de las agresiones y de las incidencias relacionadas con las agresiones, que nos servirá de apoyo en la prevención y en la protección de los profesionales», valora el consejero.
El mensaje desde Andalucía es firme: «tolerancia cero» frente a cualquier forma de violencia contra nuestros profesionales y que se sientan amparados y respaldados.
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