Las agresiones físicas a sanitarios aumentan un 25% desde 2019 y hay ya más de una al día en Andalucía

En la comunidad autónoma se produce cada día al menos un ataque físico a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y tres que son de tipo verbal, de acuerdo al balance más reciente del que dispone la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias que dirige Antonio Sanz. Así, durante 2024 se habían producido en la región 362 actos violentos físicos y 1.504 de palabra.

Estos fenómenos lamentables han ido a más desde 2019, que fue cuando se produjo el cambio de gestión en Salud -entonces llamada así- del PSOE al PP. En ese último año citado, se contaron 289 agresiones, un 25 por ciento menos que en 2024. ¿Qué ha ocurrido? ¿Que los pacientes han desarrollado con el tiempo un carácter más furibundo? ¿Que las cosas funcionan peor y que por ese motivo el enfado de los usuarios se ha enquistado? No.

La explicación que da la propia Administración autonómica es que el alza se debe al «conocimiento del propio Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, además del papel clave del profesional guía, que acompaña a la persona agredida desde el momento de la agresión». Cada centro sanitario andaluz está implantando de un modo progresivo esta figura, que tiene por cometido asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre un ataque.

El escrutinio de los datos oficiales de Sanidad, Presidencia y Emergencias indica que es la provincia de Sevilla donde se producen más casos conflictivos, con 101 donde interviene el físico, seguida de Málaga (69), Cádiz (61), Granada (45), Córdoba (36), Jaén (24), Almería (20) y Huelva (6).

Andalucía cuenta con más de 53.700 dispositivos de seguridad de distinto tipo, entre los que destacan más de 4.400 cámaras de seguridad, más de 35.000 dispositivos de aviso en consultas y más de 7.500 alarmas individuales, un nuevo dispositivo que ejerce un efecto disuasorio hacia el agresor y una mayor rapidez de actuación entre compañeros y vigilantes de seguridad.

Tal y como destaca Sanidad, Presidencia y Emergencias, «el Plan [contra las agresiones] habilita también canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida».

Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y asesoría jurídica para quien decide denunciar. La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los 12 meses y los 3 años de prisión. Durante 2024, los letrados del SAS realizado 197 asistencias, y han logrado 94 sentencias condenatorias, 34 de ellas tipificadas como delito de atentado.

El informe elaborado este 2025 por el Ministerio de Sanidad y Consumo sobre estos episodios tensos en las consultas de Atención Primaria o en los hospitales, que es donde más suelen producirse, da una información pormenorizada sobre las medidas que han llevado a cabo las distintas comunidades autónomas para atajar este problema, entre ellas Andalucía.

En su caso, destaca la puesta en marcha, en 2005, de un Plan de Prevención específico, el impulso del Registro informatizado de agresiones (RIA) producidas en todos los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y la instrucción de la Consejería de 2018 para crear la figura del Interlocutor Policial Sanitario Provincial y Autonómico, así como la del Profesional Guía frente a agresiones.

El documento añade que en 2023 se implantaron tres nuevas medidas, que son el uso de alarmas individuales a los profesionales de determinados servicios de los centros del SAS, la realización de ejercicios prácticos de simulación de situaciones de agresiones para comprobar la eficacia de las medidas implantadas y de los circuitos de comunicación y la incorporación de «indicaciones comunes de actuación a todos los centros del SAS mediante la entrega de modelo de marcapáginas donde se informa del procedimiento de actuación a seguir ante una situación de agresión, por parte de la persona profesional agredida, como de la Dirección y los responsables del servicio.

La memoria del Ministerio abunda en que «la mayoría de las notificaciones sitúan a las personas agredidas en el rango de edad de los 35 a los 55 años, «con una proporción similar con respecto a los datos de los años anteriores».

«El personal facultativo y el de enfermería es el que reporta un mayor porcentaje de agresiones en comparación con el resto de las categorías existentes en las instituciones sanitarias», añade el texto, de modo que los médicos copan el 33 por ciento de estos actos violentos y los enfermeros el 29.

Justamente ayer, el Colegio de Médicos de Sevilla difundió en una nota de prensa que el Juzgado de lo Penal número 16 de Sevilla ha emitido una sentencia por la que condena a tres años de prisión a una mujer denunciada por la agresión a un médico psiquiatra de la Unidad de Salud Mental Virgen Macarena

Los hechos tuvieron lugar en el centro de salud de El Alamillo, de Sevilla, el pasado mes de agosto. La acusada, exigió de forma agresiva la entrega de medicamentos. Al informársele de la imposibilidad de acceder a lo solicitado, extrajo de su bolso un cuchillo de grandes dimensiones, que esgrimió a escasos centímetros del esternón del profesional, reclamando la elaboración inmediata de un informe. Durante toda la situación, la acusada mantuvo una actitud intimidatoria y persistente, siendo finalmente desarmada por el vigilante de seguridad ante el temor legítimo y evidente por la vida del denunciante.