Mueren un intruso del caso ERE y un empresario juzgado por una ayuda irregular antes de conocer la sentencia
Fallecen en verano Miguel Errecalde, gerente de Cenforpre, y José Gálvez, que cobró una renta subvencionada de Hitemasa, donde no había trabajado
El caso ERE sigue vivo en los tribunales de Andalucía con 112 piezas de malversación aún por juzgar
La muerte del investigado o acusado extingue la responsabilidad penal. Cuando uno pasa a la otra vida sencillamente es imposible que se cumpla condena. El fallecimiento de dos imputados en el caso ERE ha supuesto, automáticamente, la extinción de la posible responsabilidad criminal que ... tuvieran en este sumario de corrupción que salpica a los anteriores gobiernos del PSOE y lleva abierto desde el 19 de enero de 2011.
El banquillo de los ERE se reduce por defunción de los acusados. Es el caso de Miguel Errecalde Treviño, el ex director gerente de la empresa Cenforpre, que fue juzgado en la Audiencia de Sevilla a principios de 2025 por la ayuda sociolaboral concedida al Centro para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre), por presunta prevaricación y malversación.
En la misma pieza del caso ERE está acusado José Antonio Gómez Romón, conocido como 'Pizo' Gómez, quien fuera trabajador de la empresa y exfutbolista del Osasuna y Atlético de Madrid. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado una diligencia de ordenación en la que da cuenta de su fallecimiento el pasado 1 de agosto. Aún estaba a la espera de recibir la sentencia, por lo que ha muerto siendo inocente.
El otro imputado que ha fallecido es José Gálvez Álvarez, uno de los cuatro «intrusos» o falsos trabajadores incluidos en el ERE de la empresa malagueña Hitemasa para cobrar una renta de prejubilación con cargo a subvenciones irregulares de la Junta de Andalucía.
El certificado de defunción presentado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que lo estaba investigando por este presunto fraude, acredita que murío el 23 de julio pasado. Por esta razón, el juez José Ignacio Vilaplana declara «extinguida la responsabilidad penal» en las actuaciones. Cobró irregularmente una renta de prejubilación de 45.036,82 euros, según consta en el sumario del caso.
La pieza de Hitemasa se centra en las ayudas de 32,2 millones de euros que la Junta de Andalucía le concedió a la textil Hitemasa (Hilados y Tejidos Malagueños S.A.) para prejubilar más de 200 trabajadores. El juez finalizó investigación sobre el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera y otras veinte personas por supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad.
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