Casi la mitad de los niños y adolescentes de Andalucía están en riesgo de pobreza según Unicef

Si hablamos de los índices más severos de pobreza en nuestra comunidad, el 16,9% de las personas menores de edad (unas 260.700 personas) vive en hogares en situación de carencia material y social severa. Esta tasa se sitúa 4,6 puntos porcentuales por encima de la estatal, que es del12,3%.

Respecto al resto de comunidades autónomas, Andalucía se sitúa en penúltimo lugar, solo superada por Melilla en número de personas menores de 18 años en riesgo de pobreza y por Ceuta en número de personas en situación de carencia material y social severa.

Para la agencia de las Naciones Unidas «es necesario abordar de forma inmediata e integral la pobreza y la exclusión social de nuestros niños y niñas, situando en el centro de la acción política los derechos de infancia y la adolescencia», según recogen en una nota de prensa. Habría que prestar especial atención a los más vulnerables, como niños y niñas con discapacidad, de origen migrante, de minorías étnicas o de grupos desfavorecidos. «Son ellos quienes sufren, en mayor medida, el aumento de las desigualdades», recuerdan.

Desde Unicef indican que «la inversión en infancia es uno de los instrumentos más eficaces para disminuir las cifras de pobreza. La Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, aprobada en 2021, sitúa a la Infancia como prioridad presupuestaria en el conjunto de las políticas. Para impulsar esta medida abogamos por el consenso de todos los grupos parlamentarios respecto a un mínimo de inversión destinada a infancia en cada presupuesto anual».

Además, el III Plan de Infancia de Andalucía, aprobado en consejo de gobierno hace dos semanas, incluye como prioridad la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

También contempla la medición de la inversión en infancia por parte de la Consejería de Economía y Hacienda. «Acogemos con satisfacción esta herramienta, necesaria para promover que las políticas públicas tengan un mayor impacto en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, pero la infancia no puede esperar» ha asegurado Maribel Martínez, coordinadora de Unicef Comité Andalucía.

La situación no es exclusiva de Andalucía. De hecho, «el riesgo de pobreza de la población menor de 18 años ha aumentado del 28% al 29% respecto al año anterior, mientras que para el resto de población se mantiene estable o disminuye, y también sigue aumentando la privación material infantil, del 10 al 12%. Esto hace urgente y necesario invertir más en protección social de la infancia y las familias», aclara José María Vera, director ejecutivo de Unicef España.

Ante la situación de pobreza infantil en nuestro país, Unicef España recuerda que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 -a nivel nacional, autonómico y local- deberían poner a la infancia en el centro. «Si bien nuestro país se encuentra en una coyuntura macroeconómica favorable, las cifras de pobreza infantil indican que se está dejando atrás a los niños y niñas», asegura

España es el país que tiene menos capacidad para reducir la pobreza infantil mediante transferencias de toda la Unión Europea (UE): solo el 17%, frente a la media del 41% de toda la UE o más del 50% en Alemania, Finlandia, Irlanda o Polonia. Además, nuestro país invierte solo un 1,5% del producto interior bruto (PIB) en protección social de la infancia y las familias, frente al 2,4% del PIB de la media europea (354€ de gasto por habitante en nuestro país, frente a 678€ en la UE).

Por ello Unicef España pide, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre), una prestación universal para la crianza en forma de deducción fiscal reembolsable en los PGE 2025, y un Pacto de Estado por la Infancia con medidas y presupuestos que la hagan eficaz.

«Las prestaciones por hijo a cargo son eficaces no solo para reducir la pobreza, sino para mejorar los resultados educativos y la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes», explica Vera. «Según los análisis de Unicef España y otras organizaciones sociales, la implementación de una deducción fiscal reembolsable de al menos 1.440€ anuales por niño reduciría la pobreza infantil en 5,4 puntos porcentuales».

Según los cálculos de Unicef España -basados en los perfiles de gasto del último año-, equipararnos a Europa en protección social de la infancia supondría una inversión de unos 7.659 millones de euros por parte del gobierno central, cifra que se acerca bastante al coste de la medida anteriormente mencionada (8.668 millones de euros), que permitiría llevar a 440.000 niños y niñas fuera de la situación de pobreza y mejorar las condiciones de crianza en todos los hogares con personas menores de edad.

Para las comunidades autónomas supondría un esfuerzo de 1.937 millones de euros más para, por ejemplo, implementar la Garantía Infantil Europea (garantizar el acceso a servicios clave, como educación 0-3 años gratuita o una comida adecuada al día, a todos los niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad); y 1.524 millones de euros a las entidades locales, para reforzar los servicios sociales de proximidad.

Los presupuestos 2025, tanto del estado, como autonómicos y locales, suponen una excelente oportunidad para mejorar la inversión en infancia en general y la protección social de la infancia en particular, para reducir la pobreza infantil y generar mayores beneficios sociales y económicos para toda la sociedad.