Miles de personas claman en Sevilla por una financiación «justa» para atender a las personas con discapacidad en Andalucía

Las cifras en este sentido y como suele ser habitual, difieren bastante según quién las ofrece. La protesta ha sido secundada por 15.000 personas según la entidad convocante, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (Cermi), una cifra que la Delegación del Gobierno en Andalucía rebaja a 2.000.

Eso sí, la manifestación ha tenido visibilidad. Han participado representantes de prácticamente todas las entidades de Andalucía, así como personas con discapacidad y familiares que se han desplazado a Sevilla desde las distintas provincias de la región.

La fecha de la protesta no ha sido casual y se ha llevado a cabo este martes, 3 de diciembre, jornada en la que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ha partido de la plaza de España para finalizar ante el Palacio de San Telmo. La mayoría de los participantes iban vestidos de negro en señal de luto por la 'muerte' del sector.

Las entidades que atienden a este importante colectivo en Andalucía aseguran que los centros y servicios que ofrecen afrontan una crítica situación debido a la falta de financiación y sostienen que peligra la supervivencia de los mismos ya que argumentan que con los recursos de los que disponen no pueden afrontar los gastos.

Las reclamaciones han ido dirigidas al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía. En el caso del Ejecutivo central, el sector andaluz de la discapacidad reclama que impulse y apruebe un Pacto de Estado para la viabilidad del sistema y asegurar «que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios».

Argumentan que para ello es necesario incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, que es abonado íntegramente por la Administración general del Estado (AGE), en función del número de personas en situación de dependencia que se encuentren recibiendo una prestación efectiva «y alcanzar progresivamente el 50% de financiación de cada administración».

En el caso del Gobierno andaluz, que tiene transferidas las competencias en esta materia, solicitan un nuevo modelo de financiación para los servicios públicos que se les encomienda por falta de medios propios para prestarlos; que permita cubrir los costes de funcionamiento y los necesarios para ofrecer una atención «de calidad, innovadora y ajustada a las necesidades de cada persona».

Así, exigen una financiación que cubra los costes reales. «No estamos pidiendo lujos ni privilegios. Exigimos lo necesario para operar de manera sostenible y justa», han destacado en el manifiesto al que se ha dado lectura durante la protesta.

También demandan a la Junta «un compromiso firme por parte de las autoridades para que no tengamos que luchar año tras año por una financiación básica. Necesitamos una solución a largo plazo».

Finalmente, claman por un pacto social y político por la discapacidad, que garantice la estabilidad de «nuestros centros y asegure la continuidad de los servicios. Las personas con discapacidad merecen una atención constante, sin el temor de que sus centros puedan cerrar de un día para otro por falta de recursos».

Cermi-A propone así un nuevo modelo de financiación que contemple la actualización de su coste de forma automática y permanente conforme al IPC, además de «tener en cuenta el incremento de los convenios colectivos de los profesionales que trabajan en los centros y servicios de las entidades».

La consejera de Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Loles López«, ha defendido que desde 2019, el Gobierno andaluz ha subido un 24% el precio para costear las plazas concertadas en residencias y centros de día.

López ha vuelto a asegurar que la decisión del Gobierno de España de prorrogar el Presupuesto el año pasado «le ha costado a las personas dependientes en Andalucía 200 millones de euros», y ha cuestionado «las condiciones» en las que saldrán los Presupuestos Generales de 2025.

Según ha defendido, la Junta ha creado desde 2019 más de 1.700 plazas de las que 470 lo fueron el año pasado, «el mayor aumento de una sola vez. En 2018 había 15.069 plazas y ahora son 16.843, lo que supone casi un 12% más para un colectivo que en Andalucía suman 570.000 personas con más del 33% discapacidad, lo que supone casi un 7% de la población de la comunidad».

La consejera ha recordado que se ha puesto a disposición de las entidades vinculadas a la discapacidad más de 33 millones de euros de Fondos Europeos para «la construcción y reforma de centros residenciales y centros de día para personas con discapacidad», con lo que, ha dicho, podrán hacerse realidad 31 proyectos en toda Andalucía, en concreto 19 centros de día y 12 centros residenciales.

También ha indicado que se ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para la promoción de la autonomía de personas con discapacidad, que contempla subvenciones para la adquisición de métodos tecnológicos. Sobre ello, ha apuntado que se han presentado más de 3.000 solicitudes, y se destinarán cuatro millones de euros, mientras que en 2023 «se adjudicaron 2,5 millones de euros».

Otro apunte: la puesta en marcha un plan estructural para «agilizar el proceso de reconocimiento de la discapacidad», y con ello se han creado 60 puestos de trabajo, además de haber apostado por «mejorar el procedimiento usando las nuevas tecnologías».

Por otro lado, la Junta ha aclarado que se va a adjudicar un contrato para «digitalizar todos los expedientes de los centros de valoración de discapacidad», lo que permitirá «agilizar la gestión». Esto, se traduce en 1,2 millones de expedientes, que suman 60 millones de páginas, según la Consejería del ramo.

Por último, han asegurado que se va a «diseñar la figura del asistente personal para los enfermos de Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en colaboración con ELA Andalucía». Para ello, la Junta ha concluido diciendo que «destinará en 2025 una partida de 1,4 millones de euros de fondos Next Generation para este proyecto».