La familia de Lucía Garrido tacha el juicio de «tongazo» y anuncia un recurso

Y es que no sólo se procedía a juzgar un caso de violencia de género. La causa se había elevado a un proceso de corrupción dentro de la Guardia Civil, con una instrucción de la Fiscalía Anticorrupción de Málaga y unas diligencias hechas por el servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que llegaron a declarar ante la sala. De este modo, Ignacio Carrasco, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que lleva la acusación popular, afirmó que se trata de un caso de narcotráfico con cinco muertes, tráfico de animales, subvenciones y «donde sólo se ha dado credibilidad a la defensa». «La Justicia no es igual para todos, sólo existe para los ricos y mafiosos» , afirmó Rosa Garrido.

Durante once años han sido cinco los jueces que han pasado por una instrucción llena de injerencias, como afirmó Carrasco. La AUGC denuncia la pérdida de diligencias sobre este caso en la base de datos de la Guardia Civil, que los CD con las escuchas estuvieran rayados, que las llamadas del exmarido de Lucía se hayan perdido o que no aparezca el informe biológico sobre las muestras de ADN de unas llaves junta al cadáver.

A su vez, lamentan que haya «cinco muer tes que no se han esclarecido». La primera es la de Lucía Garrido, que apareció muerta en la finca Los Naranjos de Alhaurín de la Torre. Estaba en la piscina. Había sido ahogada, después de golpearla con ladrillo en la cabeza y luego apuñalarla en el cuello. Todos los sospechosos han sido absueltos. La AUGC destaca que, entre otros motivos, está el asesinato de dos testigos protegidos que sigue sin esclarecerse y la extorsión a otro para que cambiara su declaración ante notario. Por último, están también los dos colombianos que asaltaron la finca un año después y que fueron abatidos por la expareja de Lucía Garrido. El caso se archivó ya que aquellas muertes se produjeron en defensa propia , según la Justicia.

No son las únicas incidencias denunciadas por Ignacio Carrasco, que señala que el testigo protegido presionado para que cambiara su declaración no acudió al juicio porque «han puesto precio a su cabeza» . A esto se suman la docena de expedientes abiertos en la Guardia Civil a agentes que han entrado en las bases de datos para identificar a los agentes de Asuntos Internos que estaban llevando el caso. Y una sospecha más, la AUGC pide que se investigue si hubo presiones al jurado por la actitud de uno de los miembros.

El jurado popular declaró no culpables a los cuatro acusados , entre ellos dos exguardias civiles, por tres motivos fundamentales. El primero es que no se da credibilidad a la declaración del testigo protegido. Luego se presentan dudas sobre el ADN de las llaves encontradas junto al cuerpo por la «pérdida» de este informe biológico. Y, por último, no se considera acreditado que el marido de Lucía conociera al resto de procesados antes del asesinato.