El PP de Málaga critica «la tibieza» de PSOE y Sumar ante la discoteca en Torremolinos que prohíbe entrar a «maricones»

Según ha expresado la presidenta popular, su formación «no va a consentir» ningún tipo de discriminación por motivo de orientación sexual tras la promoción de un local de ocio de Torremolinos que ha difundido «mensajes absolutamente reprochables y que condenamos desde el minuto uno».

«Desde el PP de Málaga no admitimos ningún ataque xenófobo ni comportamientos que incitan al odio y la exclusión, no tienen cabida en una sociedad igualitaria y donde debe primar el respeto a la diversidad», ha sostenido Navarro.

Además, ha respaldado la decisión de la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), de denunciar a este local y ha incidido en que en nuestra sociedad no tienen ninguna cabida episodios lamentables como este». «Rechazamos todos los mensajes y hechos que atenten contra los valores democráticos como la dignidad de todas las personas», ha sentenciado.

Y es que este viernes por la mañana, Del Cid, ha anunciado que el Ayuntamiento presentará ante la Policía Nacional una denuncia por delitos de odio a la discoteca Casa Fátima Ino, el club ubicado en este municipio malagueño que ha anunciado que va a prohibir la entrada a «maricones».

«Tanto los servicios jurídicos del Ayuntamiento como los colectivos LGTBI están informados y trabajando para parar esto. Y evidentemente procedamos judicialmente contra los promotores del evento y personas que van a abrir este club, que ya veremos a ver si eso ocurre. En ese sentido estamos trabajando, porque para nosotros el respeto y la diversidad es un valor es lo que nos caracteriza como ciudad y como sociedad», ha zanjado Del Cid en un audio remitido a los medios de comunicación.

Esta decisión ha llegado después de que la discoteca, con motivo de su inauguración, ha publicado un cartel en la red social Instagram con su reglamento, que establece literalmente que no van a admitir peleas, drogas, gorras, chanclas ni «maricones».

Dicen que lo hacen así porque, según afirman, la dirección «se reserva el derecho de acceso». Pero, de negar la entrada a estas personas, podrían estar incurriendo en un delito contra los derechos de este colectivo.

Pero la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), ha criticado firmemente el anuncio de esta sala de fiestas: «En Torremolinos no vamos a consentir estas actitudes. El odio y la homofobia no tienen cabida aquí y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para prohibir este evento y cualquier actividad de un club que fomente esta lamentable actitud. Los únicos que sobran son ellos», ha escrito en un mensaje en la red social Instagram, en una publicación que lleva como imagen la fotografía en la que el local ha escrito sus «normas».

Y es que Torremolinos es precisamente una de las localidades españolas que históricamente más han apoyado al colectivo LGTB. La celebración del 'Orgullo' es uno de los mayores acontecimientos en el ambiente de este colectivo de Europa -el pasado año acudieron más de 70.000 personas- y es un municipio muy concienciado de la importancia de luchar contra la homofobia.

Los usuarios de las redes sociales no han tardado en hacerse eco de dicho cartel y numerosas personas han denunciado el trato discriminatorio de este local hacia las personas del colectivo. Como han recordado algunos usuarios, el local estaría incurriendo en un delito contra los derechos LGTB al prohibirles la entrada en función de su orientación sexual, tal y como contempla los artículos 3 y 25 de Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTB.

Quien sí ha reaccionado desde el Gobierno ha sido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha calificado este viernes de «directamente intolerable» y «directamente ilegal» las «normas» de la discoteca de Torremolinos.

«Es un ataque directo a la igualdad» ha añadido Redondo, que ha condenado y reprobado de manera «absoluta» este tipo de discriminaciones. Según ha apuntado, este tipo de comportamiento «no tienen cabida de ningún tipo en nuestra normativa y en nuestra Constitución», por lo que lo ha definido como «ilegal».

La ministra ha considerado «nula» esa prohibición, no desde el punto de vista jurídico, sino «desde el punto de vista de los derechos y, por supuesto, desde el punto de vista democrático».