Paralizado el desahucio de los 127 vecinos de Torremolinos a los que el 'banco malo' del Gobierno iba a dejar sin vivienda

Según ha informado el Ayuntamiento presidido por Margarita del Cid en un comunicado, el Consistorio trabajará en buscar una solución a corto y medio plazo, con ayudas específicas y colaboración con otras administraciones para las otras diez viviendas que ya han sido traspasadas por la Sareb.

Así se lo ha trasladado la alcaldesa a los vecinos afectados y sus abogados en una reunión posterior a la de la Sareb en la que se han abordado otras cuestiones relacionadas con esta «compleja» situación.

En concreto, respecto a las primeras 29 viviendas, la Sareb ha trasladado que ha presentado este miércoles ante el juez un escrito para revertir la cesión a un tercero, que en principio iba a materializarse el próximo 22 de abril. «Ahora será el juez quien tenga que decidir sobre si la cesión continúa o se revierte para que la Sareb vuelva a ser la titular», han señalado desde el Consistorio.

En el caso de que ese sea el sentido del pronunciamiento, el Ayuntamiento se ha comprometido con la Sareb a facilitar informes de vulnerabilidad de los inquilinos, para que esta sociedad pueda facilitarles, y así lo han trasladado, alquileres accesibles.

Así, en primer lugar, le han pedido a la Sareb si cabía la posibilidad de contar con inmuebles que fueran de esta sociedad para poder alquilarlos a los afectados. «Pero ahora mismo todo el parque de viviendas se encuentra paralizado por la decisión del Gobierno de crear una Agencia Pública de Vivienda. Si bien en el entorno, la Sareb cuenta sólo con dos viviendas de alquiler social actualmente ocupadas«, ha informado el Ayuntamiento.

«Ha sido una reunión fructífera, necesaria, y recibimos como una buena noticia que al menos 29 viviendas vayan a poder ser, a espera de pronunciamiento judicial, revertidas a la Sareb, garantizando con la ayuda del Ayuntamiento que los alquileres sean asequibles«, ha apuntado Del Cid.

En cuanto a las diez viviendas que ya han sido transferidas de la Sareb a terceros, desde la alcaldía han indicado que no se puede revertir esta situación, pero se han comprometido a trabajar «en varios frentes» para encontrar una solución.

Desde la Corporación municipal se ha decidido «desde ya» contactar con otras administraciones para ver qué soluciones a corto y medio plazo pueden ofrecerse a los inquilinos de estas diez viviendas ya transferidas. Además, articularán los mecanismos municipales que van a permitir darles ayudas para afrontar estos primeros meses una vez los nuevos propietarios de estas viviendas ejerzan sus derechos sobre las viviendas.

Tras conocer esta «injusticia« que iba a suponer el desahucio de unas 40 familias, el Partido Popular había presentado este miércoles una pregunta escrita a la Mesa del Congreso en la que pedían explicaciones al Gobierno central sobre qué medidas va adoptar para proteger a los vecinos.

En concreto, en el documento al que ha tenido acceso ABC, exigían al Gobierno que respondiera estas preguntas: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno central de cara a proteger a estos vecinos para que no se vean en la calle fruto del acuerdo de la Sareb con un tercero? ¿Puede el Gobierno central revertir que la Sareb ceda los activos a un tercero, antes del 22 de abril, fecha prevista para materializar este acuerdo?

Como ha denunciado el PP, los servicios sociales del Ayuntamiento de Torremolinos han hecho un informe de vulnerabilidad a varias familias y han precisado que hay tres que tienen un miembro con discapacidad reconocida y con dependencia, dos familias numerosas, una persona con problemas de salud mental, dos familias monoparentales, tres familias de personas con avanzada edad y varias con algún miembro a la espera de ver reconocida su discapacidad.

El inicio de la historia se remonta al año 2005, cuando se construyó este edificio residencial a través de una promotora que tuvo que pedir una hipoteca para construirlo. Ocho años después, la promotora suscribió un contrato de arrendamiento junto a otras sociedades explotadoras, pero el problema comenzó en el momento en el que se decidió subarrendar las viviendas.

La promotora llegó a un acuerdo con otras mercantiles por sus dificultades económicas, pero estas sociedades no aportaron contraprestación. Y empezaron las trabas legales, ya que llegan a decir que «no se aprecia la existencia de título que legitime la posesión por parte de las mercantiles arrendatarias».

Así, la situación de estos vecinos se complicó a raíz de un auto de ejecución hipotecaria que nació cuando la inmobiliaria quebró, suscribió un contrato de arrendamiento con otra empresa y esta le cedió el contrato a una tercera.

De esta forma, se firmaron contratos diferentes y con entidades diferentes en esta cadena de cesión de contratos de arrendamiento, por lo que la situación de cada vecino es diferente. En el trámite de la ejecución hipotecaria, como hay ocupantes en el inmueble, en 2023 se les pide que aporten los contratos. Hay un auto del 8 de enero de 2024 donde el juez sentencia que no son títulos legítimos, pero a pesar de estas trabas burocráticas, los 127 vecinos no tendrán que dejar sus hogares tras el acuerdo alcanzado este miércoles.