Benalmádena se libra de sus deudas 30 años después

«Este municipio ya no le debe nada a los bancos», ha subrayado el alcalde del Partido Popular, Juan Antonio Lara, quien ha definido la operación como «un logro histórico» de los dos primeros años de legislatura, con «bajada de impuestos, aumento del remanente, ejecución del 97% del presupuesto y duplicación de inversiones». «La cuota mensual que se pagaba era de 24.400 euros», ha recordado.

El regidor sostiene que el consistorio cuenta ahora «con una de las cuentas públicas más saneadas de la provincia», lo que, afirma, permitirá «continuar con proyectos muy necesarios para los vecinos». Por su parte, el edil de Hacienda, José Miguel Muriel, ha defendido que el resultado obedece a «un trabajo político-técnico» para ajustar el gasto y priorizar inversiones «sin subir la presión fiscal». Entre las medidas tributarias citadas por el gobierno local figuran mantener «el impuesto de circulación más bajo de la Costa del Sol» y rebajar el IBI «hasta un 50%» a familias numerosas.

La operación se realiza, según el Consistorio, «sin frenar» las inversiones en barrios y equipamientos y con incremento de la recaudación municipal. El comunicado municipal no desglosa, no obstante, la evolución anual de la deuda ni su composición por entidades y tipos de interés, extremos relevantes para evaluar el impacto completo de la amortización anticipada.

Lara ha agradecido «el esfuerzo del equipo de gobierno para ejecutar lo presupuestado» y ha vinculado la deuda cero con la solvencia futura del municipio: «Es un claro ejemplo de buena gestión de las cuentas públicas», ha remarcado. Muriel ha añadido que «lo que se presupuesta, se ejecuta, se ingresa más y se invierte más».

En Estepona (Málaga), el 12 de junio de 2025, el Ayuntamiento certificó la deuda cero tras abonar más de 300 millones de euros desde 2011 bajo el mandato de José María García Urbano (PP). Ese saneamiento permitió aplicar una rebaja media del 20% del IBI en el recibo de 2025.

El hito se alcanzó pese a una previa gestión socialista, marcada por el caso Astapa (2003-2007) y un fuerte desequilibrio financiero: cuando el PP llegó en 2011, la deuda heredada se cifraba en 304 millones, lo que situaba a la ciudad entre las más endeudadas del país. El procedimiento penal concluyó en noviembre de 2024 con la condena al exalcalde socialista Antonio Barrientos por cohecho (cinco meses de suspensión y 40.000 euros de multa). En 2011, el periodo medio de pago a proveedores alcanzaba los 1.492 días y la deuda per cápita se situaba en 4.600 euros, de acuerdo con datos municipales.

Desde 2011 el Consistorio destinó una media de 60.000 euros diarios a saldar obligaciones; en 2025 abonó más de 26 millones hasta completar la amortización, un extremo certificado por Intervención. Tras el anuncio, el Pleno del 18 de julio aprobó el suplemento de crédito para financiar la subvención del IBI y el 29 de agosto de 2025 el Consistorio comunicó que la bajada benefició a cerca de 38.000 vecinos.