Andalucía quiere triplicar las VPO con la nueva Ley de Vivienda

El presidente explica que Andalucía atrae población y que, en los próximos 15 años, la comunidad va a ganar 700.000 habitantes, de los que 400.000 se van a asentar en la provincia de Málaga. «La gente quiere venir a vivir», ha afirmado el presidente, que ha tirado de los datos del Banco de España para decir que la demanda se ha cifrado en unas 90.000 viviendas. «Eso en su mayoría son 90.000 familias que esperan una solución para un proyecto de vida», ha indicado Moreno.

El borrador de la futura ley andaluza está en fase de alegaciones y persigue generar suelo a precio asequible. «Incrementar la oferta, poniendo a disposición no solamente subvenciones, sino creando suelo nuevo en lo que son áreas prioritarias en zonas que son más difíciles de acceso a la vivienda», ha señalado Moreno, que ha asegurado que concentrarán las ayudas de la administración, «que ahora mismo están muy dispersas».

«Queremos equilibrar la oferta en venta y alquiler, defendiendo la residencia habitual y permanente», a apuntado el presidente de Andalucía, que ha señalado que la futura ley incorpora un plan de choque para poner en alquiler 20.000 viviendas de VPO.

Para Moreno, las administraciones tienen que hacer un esfuerzo por reducir el desequilibrio que hay entre oferta y demanda, que es «uno de los graves problemas» que tiene el sector y que genera la dificultad al acceso a la vivienda. Una situación que retrasa la emancipación de los jóvenes y genera «desvelo en muchas familias». Es para el presidente un «problema real», que se está viendo, en el caso de Andalucía, en ciudades como Málaga, Sevilla o Granada.

Y ahí la Junta quiere ir de la mano del sector, que «está por la labor de construir más y construir mejor». Aunque para eso tiene que «superar los escollos que están ahogando ahora mismo la construcción y que impiden a muchas familias tener una casa», como son la carestía de los suelos o la lentitud administrativa.

Por este motivo, la administración autonómica quiere eliminar cargas burocráticas a las empresas. Facilitar la construcción de vivienda, que tiene que ser constante. Pero la nueva legislación debe ir de la mano del desarrollo normativo que se produzca también a nivel nacional. Así, ha anunciado que la nueva Ley andaluza de Vivienda no debe ser «una traba más», sino que derogará otras normas anteriores.

La idea es quitar «obstáculos». Moreno se ha dirigido a la ministra para trasladarle que la Junta siempre está abierta «al diálogo» y que, dentro de las diferencias que puedan haber, «hay objetivos que son comunes». Era la contestación a la petición de un gran pacto de Estado que había hecho la ministra minutos antes. «Deseo el pacto de estado, pero la dimensión del problema requiere mucho más que un pacto de estado clásico», ha señalado Isabel Rodríguez.

Desde el Ministerio de Vivienda se exige una «alianza de país con empatía y la complejidad social». «Nos afecta a todos: A esos jóvenes se emancipan a edades tardías, a maestros que tienen que compartir piso porque el alquiler se come el 80% de su salario o a los enfermero no tienen para alquilar una vivienda. Hay necesidad de una gran alianza de país», subrayó la ministra.

El Gobierno se plantea como meta que la inversión en la vivienda no supere el 30% de las rentas del futuro propietario para tener un acceso a la vivienda asequible, pero sabe que es un problema «global» y apunta a que hay elementos que tensionan los alquileres como los pisos turísticos o las instalación universidades privadas.

«La ausencia de vivienda implica la negación de otros derechos como la maternidad o la salubridad», ha aseverado la ministra antes de sacar cifras como los 5.500 millones para políticas de rehabilitación o los 1.000 millones de los fondos de recuperación. «No es suficiente. Necesitamos más y nos necesitamos todos», ha concluído Rodríguez.