política
La Junta obvia más de 100 requerimientos sobre el canon de saneamiento
Europa exige que en 2015 se depuren las aguas residuales en su totalidad
La Junta de Andalucía guarda silencio sobre la inversión de los 100 millones de euros cobrados por el canon de saneamiento que no ejecuta y no responde a 109 requerimientos realizados por el PP sobre este asunto. Una inacción que días atrás fue duramente criticada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que se preguntó en qué está empleando la Administración autonómica el dinero recaudado a los contribuyentes durante los dos últimos años.
La parlamentaria del PP Esperanza Oña ha lamentado que el Gobierno andaluz no haya anunciado ningún tipo de actuación en materia de saneamiento y sus consecuencias: «Ya sabemos que no vamos a llegar al vertido cero en 2015, y Europa nos pondrá sanciones que desafortunadamente tendremos que pagar todos los andaluces».
Rodeada de otros parlamentarios malagueños, recordó que «en esta ocasión la crisis no puede ser una excusa porque el dinero lo han recaudado, ya lo tienen y legalmente no pueden destinarlo a otra causa, ya que son fondos finalistas».
«¿Por qué no se empiezan a hacer estas obras?», se preguntó, antes de señalar que únicamente en la provincia malagueña son 47. «Generarían más de 6.300 puestos de trabajo, se resolverían todos los problemas y evitaríamos que siga habiendo, como ocurre actualmente, 42 municipios de Málaga que no depuran sus aguas», añadió en rueda de prensa.
Oña aseguró que las consecuencias de esta inacción son «nefastas» para el turismo, para el medio ambiente y para la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia. «Para el PP siempre ha sido una prioridad, por lo que hasta la fecha llevamos presentadas 109 iniciativas parlamentarias sobre saneamiento con respuesta cero por parte del Gobierno andaluz», subrayó con cierto pesar y anunciando que no darán su brazo a torcer: «No desistimos y hacemos lo que podemos, por lo que hemos decidido presentar una Proposición No de Ley (PNL) en la que exigimos al Ejecutivo andaluz que invierta ya los 100 millones de euros recaudados a través del canon de saneamientos».
Esta iniciativa, según informaron los populares en un comunicado, «tendrá que ser votada en la Cámara, por lo que veremos qué es lo que hacen los parlamentarios del PSOE y de Izquierda Unida».
En la PNL se propone ejecutar un plan de inversiones para construir infraestructuras de depuración de aguas en la provincia de Málaga con un presupuesto nunca inferior a los 30 millones de euros que ya se han recaudado. Una iniciativa que el partido estudiará que se extienda a otras provincias, ya que, según fuentes consultadas, es un problema que «afecta a toda la región».
Los parlamentarios malagueños solicitan en su petición que comiencen las obras en 2013 y que la planificación de las mismas sea los suficientemente ambiciosa como para lograr el vertido cero dentro de los plazos establecidos por la normativa europea.
«El dinero ya ha sido recaudado, lo único que tiene que hacer la Junta de Andalucía es invertirlo», recalcó Oña, que sostuvo que en cualquier otro caso «se estaría estafando a los andaluces y a los malagueños cobrándoles injustamente de más en la factura del agua».
Los ingenieros, en su «Informe sobre la Situación de la Depuración de las Aguas Residuales», aseguran que los 100 millones recaudados en 2011 y 2012 en la comunidad son «un cálculo muy a la baja».
«Si se mantiene esta política recaudatoria, en los próximos tres años se habrán cobrado más de 300 millones de euros en Andalucía por este concepto, de los que de momento se desconoce para qué se están empleando», añadieron.
«Las obras no se pueden parar ni reprogramar, es urgente que se inicien ya», apuntan estos expertos, que advierten de que los plazos para cumplir con la normativa europea en 2015 «están muy comprometidos» si se tiene en cuenta que el plazo medio de licitación, adjudicación, redacción del proyecto una de estas infraestructuras y su construcción alcanza los 20 meses.
España ya tiene abierto por Europa dos procesos sancionadores por no recoger las aguas residuales en diferentes núcleos, 13 de ellos en Andalucía. Las sanciones pueden multiplicarse por una inadecuada gestión de las inversiones públicas «arañando de nuestras deficitarias arcas públicas unos fondos que debían haberse empleado en construir las infraestructuras necesarias».
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