La Junta de Andalucía destina más de 80 millones en los Presupuestos de 2024 a la reeducación de menores infractores

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la Comisión de Infancia del Parlamento, donde ha destacado la labor de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, con Esteban Rondón al frente, y de los profesionales que trabajan con los menores infractores en los centros y servicios donde cumplen las medidas que les imponen los jueces cuando, por diversas circunstancias, cometen una acción que merece un reproche penal. Una situación, ha abundado, de la que ninguna familia está a salvo y que para muchos de estos jóvenes es un punto de inflexión en sus vidas para que, gracias a estos profesionales, corrijan el camino y adquieran herramientas para recuperarlos para la sociedad.

En Andalucía hay 13 centros de internamiento de menores infractores con 701 plazas y 1.615 profesionales; 17 Grupos Educativos de Convivencia con 136 plazas y 153 profesionales; ocho equipos de mediación con 25 profesionales; otros tantos Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMA) con 165 profesionales y nueve centros de día con 36 profesionales.

El consejero ha subrayado que la colaboración y comunicación con los jueces y fiscales de Menores, que son quienes determinan las medidas, es permanente.

Además, ha avanzado que, con el fin de conocer mejor las circunstancias que llevan a los jóvenes a situaciones de conflicto con la sociedad para prevenir y actuar, la Consejería pondrá en marcha en 2024 un Observatorio de la Justicia Juvenil en Andalucía, «pionero en España y Europa, donde solo existe un antecedente en Bélgica promovido por una fundación privada. Esta interesante iniciativa nos va a permitir medirnos en cuanto al funcionamiento del sistema», ha asegurado Nieto.

El año pasado pasaron por los centros de internamiento 1.084 menores, con una media de edad de entre 16-17 años, el 85% de ellos varones españoles. Los delitos más frecuentes son los de lesiones y contra el patrimonio. El tipo de internamiento que más imponen los jueces es en régimen semiabierto, si bien el consejero ha alertado del incremento del cumplimiento de medidas en unidades terapéuticas, específicas para menores infractores con problemas de salud mental y/o adicciones.

Los centros de internamiento también cuentan con programas específicos para adolescentes con hijos y, en el caso de los centros con plazas femeninas, hay habitaciones adaptadas para acoger a madres menores que tienen a su cargo hijos de cero a tres años.

En todos los centros se fomenta que los menores continúen con su formación, bien en la enseñanza reglada o cursos y talleres de capacitación profesional para abrirles puertas para desarrollar un proyecto de futuro.

En el caso de los servicios de medio abierto, Nieto ha explicado que los SIMA se encargan del seguimiento y ha destacado que los Grupos Educativos de Convivencia se orientan a corregir conductas violentas en el entorno familiar para su retorno al mismo una vez cumplida la medida, mientras que los centros de día desarrollan programas y talleres sociolaborales.

Entre las medidas de este tipo los jueces también pueden decretar la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socieducativas. El consejero ha detallado que la Consejería tiene firmados convenios con 220 ayuntamientos y una decena de ONG y entidades sociales donde los menores infractores ejecutan estas medidas.

Durante su comparecencia, Nieto se ha referido también a los servicios que gestiona la Consejería para atender a menores víctimas de delitos a través de los Servicios de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) existentes en las principales sedes judiciales de las capitales y con equipos itinerantes para partidos de otros municipios. En lo que va de año, de las 22.532 personas atendidas el 9% son menores, un total de 2.032. De éstos, 339 han sido atendidos por casos relacionados con la violencia de género, «un tema que nos preocupa especialmente».

Los menores llegan al SAVA de la mano de familiares o agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, donde personal especializado mantiene una entrevista con ellos. Ellos instan a la denuncia si bien si ésta no se produce por parte de la familia, el propio equipo del SAVA lo pone en conocimiento del juzgado de guardia para que abra las correspondientes diligencias durante las cuales recibe apoyo psicológico, social y jurídico de los profesionales en aras de su recuperación integral y reparación del daño.

Igualmente, se ha referido a los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) que ofrecen un «espacio neutral» para que, en casos de conflictividad familiar, se cumplan los regímenes de visitas establecidas por los tribunales. El año pasado fueron atendidos en estos puntos 2.224 niños y niñas, 907 derivados por juzgados de violencia de género. Nieto ha destacado la puesta en marcha de nuevos PEF en Andalucía, lo que ha permitido pasar de 10 en 2018 a los 19 actuales.

El consejero ha incidido en la implicación de los profesionales, tanto en los recursos del sistema de Justicia Juvenil como en los servicios para los menores víctimas de delitos, ya que «son los que hacen posible que nuestros jóvenes estén más protegidos y obtengan ayuda para reeducarse y reinsertarse de una forma sana en nuestra sociedad».