La Junta de Andalucía recurre por la vía contencioso-administrativa el registro único de alojamientos del Estado por «vulnerar competencias»

Fuentes de la Junta de Andalucía aseguran que el problema no es el fondo de la cuestión, sino la forma: «Estamos absolutamente de acuerdo con el Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración (...) y el fin que se persigue, pero absolutamente en desacuerdo con la ejecución que ha diseñado».

En ese sentido, aluden a un traspaso de los límites competenciales por parte del Gobierno de España, para cuestiones que no vienen expresamente impuestas por el reglamento europeo.

Por ejemplo, refieren insuficiencia de rango para imponer a las personas arrendadoras y a las plataformas en línea de alquiler de corta duración toda una serie de obligaciones que no vienen amparadas por ninguna norma con rango de ley.

Tampoco podrían, a la luz del derecho, alterar el régimen de funcionamiento del Registro de la Propiedad y del Registro de Bienes Muebles, Sección de Buques, contemplado en la Ley Hipotecaria y en la Ley de Navegación Marítima (apartado V y apartado VII, puntos 7.1 y 2 y 8).

La reacción andaluza no es ninguna novedad. Desde la Junta ya advirtieron el pasado mes de enero que el citado real decreto invadía competencias autonómicas e incluso -al igual que otras comunidades autónomas- lanzaron un requerimiento previo a este recurso, con el fin de que el Estado pudiera enmendar la situación y corregir los puntos concretos que resultan de mayor fricción.

Las citadas fuentes oficiales andaluzas dan un paso más y critican que Pedro Sánchez «ha actuado con soberbia y sin ninguna voluntad de diálogo, con imposiciones por la vía de hecho». Nunca se corriegieron los detalles de ese requerimiento anterior.

Entre otras cuestiones, la Junta de Andalucía -y en general las demás regiones- pide ser la «destinatarias de toda la información facilitada por los interesados y obrante en la ventanilla única digital estableciendo los mecanismos de intercambio de datos adecuados para tal finalidad, sin necesidad de que resulte exigible la firma de convenio adicional alguno con los registros de la propiedad».

Asimismo, aspira a ser competente para dictar las resoluciones administrativas por las que se ordene la eliminación o inhabilitación del acceso a anuncios vinculados a establecimientos no autorizados y reclama la potestad de eliminar la duplicidad de procedimientos de registro de alojamientos turísticos de corta duración, «respetando los registros establecidos en el ámbito autonómico».

Entre otras cuestiones, piden que la función registral quede delimitada de forma que no haya injerencias de otras instancias en la supervisión del ejercicio turístico -y de vivienda- que pertenecen a las autonomías.