La Junta de Andalucía ofrece a la oposición un pacto para endurecer la ley de incompatibilidades para los altos cargos

De ahí que el consejero de Justicia, Función Pública y Administración Local, José Antonio Nieto, haya ofrecido desde el mismo momento de la aprobación del decreto ley en el Consejo de Gobierno la tramitación de una iniciativa legislativa más amplía y profunda, que revise una normativa que data de 2005. Ayer volvió a tender la mano en el Parlamento ofreciendo tres opciones a los grupos políticos para alcanzar un «amplio consenso». Así propuso que una vez convalidado el decreto ley, se tramite como proyecto de ley, o que el Gobierno elabore un ante proyecto de ley o que el PP presente una proposición de ley. Tres vías distintas en cuanto a plazos y formas pero que permiten un intercambio de propuestas, un proceso de participación y escucha y una revisión extensa de otras normativas que debe estar culminada en esta legislatura. Todo esto con las medidas urgentes en vigor.

«Entendemos que debe ser una norma de consenso, no tenemos nada que ocultar ni miedo a la falta de control o a la transparencia. Tenemos miedo al sectarismo o a acusaciones sin respaldo legal ni en los hechos. Pero ninguna objeción a ningún planteamiento», apuntó Nieto quien subrayó que la urgencia responde a evitar más casos que puedan producirse ante el «vacío legal» existente. Pese a la mano tendida, el Gobierno andaluz se encontró con duras críticas de la oposición. El más duro fue el PSOE que pidió la retirada del decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno y el inicio de un nuevo proyecto. «Es una modificación de corte cosmético, sólo un parche en una visión política cortoplacista y de resolución ad hoc de los problemas políticos. Trata de tapar causas de corruptelas, abusos e inmoralidades de su gobierno», explicó el diputado socialista Víctor Torres, quien defendió el voto contrario del PSOE a la convalidación del decreto y rechazó la mano tendida del consejero de Justicia.

Más proclive al acuerdo fue el diputado de Vox Ricardo López quien cuestionó la reforma de la ley de incompatibilidades por establecer medidas que puedan impedir la llegada de profesionales privados a la administración pública y el uso de la fórmula del decreto ley. No obstante, valoró como positiva la mano tendida del Gobierno andaluz y expresó confianza en la posibilidad de alcanzar acuerdos.

Por parte de los grupos de izquierda, tanto Adelante como Por Andalucía criticaron las formas del Gobierno andaluz por usar un decreto ley para establecer una reforma de la ley y advirtieron que es simplemente una medida adoptada porque al «Gobierno andaluz le cogieron con el carrito de los helados», en referencia al caso de Miguel Ángel Guzmán.

Finalmente, el decreto con las medidas urgentes fue validado por el Parlamento andaluz con los votos en contra del PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía y se inicia a partir de ese punto la tramitación de una proposición de ley por parte del PP o de un anteproyecto de ley del Consejo de Gobierno para introducir una reforma en profundidad de la ley de 2005 que pueda alcanzar el máximo consenso y que esté aprobada y en vigor en esta legislatura.

Sobre la mesa hay varios elementos que deben ser objeto de la nueva iniciativa legislativa. Entre ellos, la revisión de las cesantías, que actualmente están fijadas en un mes por año; el ajuste de los dos años de plazo para las incompatibilidades y las limitaciones en cuanto a firmas de contratos o patrocinios de personas que procedan de la privada y se incorporen como altos cargos.