La Junta de Andalucía analiza ampliar en la nueva ley de incompatibilidades las cesantías que cobran los ex altos cargos

El cuarto caso ha sido el del ex número dos del SAS Miguel Ángel Guzmán quien no lo comunicó y de hecho eso desató una tormenta política de ámbito nacional por su fichaje por una aseguradora privada con la que se habían formalizado contratos durante su etapa en la Consejería. Esta situación, que se produjo a finales de marzo, ha provocado que la Junta de Andalucía optara por tramitar una modificación para endurecer la ley actual por la vía del decreto-ley que pueda entrar en vigor de forma inmediata, en cuanto sea convalidada por el Parlamento autonómico.

Pese a esto, el objetivo es hacer una modificación más amplia a lo largo de la legislatura que, en la medida de lo posible cuente con el apoyo de otros grupos del Parlamento. Podría ser a través del decreto ley o de un proyecto ley. La diferencia serán los plazos de tramitación.

«El objetivo es ir a una regulación completa, consensuada y general que regule las incompatibilidades de los altos cargos», explicó el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública. En este sentido, será el acuerdo con los grupos políticos el que determine si posteriormente se tramitará como decreto ley o como proyecto de ley para conseguir que a lo largo de este año o el próximo pueda estar en vigor la nueva legislación completa.

Esta legislación sí se pretende que incorpore otras cuestiones como la ampliación del periodo de cesantías que en estos momentos en Andalucía está fijada en un mes de sueldo por año trabajado. Es decir, un alto cargo que deja la Junta de Andalucía tiene incompatibilidades durante un periodo de dos años pero sólo recibe una compensación económica del sueldo de un mes por cada año trabajado. Si ha estado una legislatura, el máximo son cuatro meses.

En otras administraciones como el Gobierno central, las cesantías son mucho más amplias. De hecho, durante dos años tiene la posibilidad de contar con un 80% de sus retribuciones, de forma que tienen margen para la reincorporación gradual al mercado laboral sin incumplir la ley de incompatibilidades.

El problema de este sistema que la Junta de Andalucía está analizando es el coste que supone dado que en un cambio de gobierno tras unas elecciones supone en buena medida que se pueden llegar a pagar los salarios de dos equipos directivos: el que ejerce y el cesante.

En cualquier caso, para esta reforma legal, la Junta de Andalucía está evaluando todas las normativas en materia de incompatibilidades que existen en España, con especial atención a las que regulan estas situaciones en el País Vasco, que se toman como referentes.