La Junta de Andalucía no establecerá zonas tensionadas con límite de alquiler aunque la Ley de Vivienda lo permita
La Consejería subraya que pese a la resolución del Tribunal Constitucional que no ha anulado este artículo es competencia autonómica y el Gobierno andaluz «no cree en el intervencionismo»
El Constitucional anula sólo una parte de la Ley estatal de Vivienda tras el recurso de la Junta de Andalucía
El Tribunal Constitucional ha avalado con su resolución al recurso de la Junta de Andalucía la parte de la Ley estatal de Vivienda que regula la posibilidad de declarar zonas tensionadas en las que las administraciones públicas puedan intervenir en los precios de alquiler ... al producirse un desajuste con los ingresos medios de la población. Sin embargo, tal y como está definido en la normativa, su aplicación es una competencia autonómica y depende por tanto de cada gobierno. Andalucía, una vez conocido el resultado de su recurso, mantiene su posición: no usará esta vía que establece la norma estatal y apostará por su propia ley autonómica que está en proceso de elaboración.
«En Andalucía no creemos que el camino sean medidas intervencionistas que regulen los precios de los alquileres porque eso terminará estrangulando la oferta y elevando aún más los precios de los alquileres. Y así se demuestra en otros casos en Europa y España donde estas medidas han causado el efecto contrario al buscado», apuntan desde la Consejería de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio.
Este departamento mantiene esta posición contraria a la ley estatal desde su aprobación con la interpretación de que está perjudicando al mercado del alquiler y contribuyendo a la subida de precios. Estas fueron algunas de las justificaciones que se usaron a la hora de presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias, que finalmente sólo se ha aceptado parcialmente en lo referente a viviendas protegidas y parque público. Pero ha sido rechazado en la petición de que se anulara la posibilidad de establecer zonas tensionadas o intervenir desde la administración pública en los mercados.
El modelo del Gobierno andaluz, según subrayan, es diferente: «Estamos elaborando una Ley de Vivienda de Andalucía nada intervencionista que dará certidumbre al sector y a la ciudadanía y apostará por la promoción de nueva vivienda a precio asequible y la rehabilitación». La Consejería apunta que por la importancia de esta nueva legislación autonómica se busca «el máximo consenso».
Desde la oposición, sin embargo, se reclama al Gobierno andaluz que una vez conocida la resolución del Tribunal Constitucional y avalada la intervención pública en el mercado de alquiler, la Junta actúe incorporando zonas tensionadas y controlando los precios. Así lo hizo el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas: «De alguna manera pone al presidente andaluz contra el espejo de su obligación de desarrollar esas políticas de vivienda».
En la misma línea se expresó la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, quien instó al presidente de la Junta de Andalucía a que «regule los precios de los alquileres e intervenga en el mercado de la vivienda pata contener los precios» tras la resolución del Tribunal Constitucional.
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