Absuelto el exalcalde de Granada Torres Hurtado en el caso Serrallo por la construcción ilegal de una discoteca

Por contra, en la causa ha sido condenada a siete años de inhabilitación especial para el desempleo del cargo de concejal la que fuera edil de Urbanismo de Granada en ese periodo, Isabel Nieto , como autora de un delito de prevaricación administrativa común.

Ha sido absuelta del resto de delitos que le atribuían las acusaciones, esto es, prevaricación urbanística, fraude en la contratación , tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial declara además la nulidad de la licencia de instalación para la actividad de la citada sala de fiestas que se concedió en junio de 2012; así como las posteriores licencias dirigidas a la adecuación del local, la apertura y funcionamiento de la misma, entre otras.

Junto a ello, el fallo, contra el que cabe recurso de casación, formaliza la absolución que ya se adelantó en el juicio de los exediles del PP que participaron en la Junta de Gobierno Local que, el 26 de julio de 2012, aprobó el cambio de uso de los terrenos en el lugar objeto de esta causa , alterando con ello supuestamente lo establecido en el Plan General. Esto se produce después de que las acusaciones populares ejercidas por Vox, y General de Galerías Comerciales, las únicas que los acusaban, retiraran los cargos contra ellos.

El conocido como «caso Serrallo» es distinto al que provocó la detención y posterior dimisión de Torres Hurtado, la «operación Nazarí» en la que también fue detenida la que era su edil de Urbanismo, Isabel Nieto, que también abandonó el cargo por ese proceso.

Sin embargo, Torres Hurtado aún tiene pendiente otra causa con la justicia. El Juzgado de Instrucción 2 de Granada lo ha procesado por el caso Nazarí, que investiga una presunta trama corrupta en el Ayuntamiento de Granada -durante el pasado mandato del PP- que, de «forma continuada y prolongada en el tiempo», habría estado beneficiando «tanto a diferentes promotores urbanísticos como directamente a los familiares y allegados de los principales investigados», en contra del interés general y «contraviniendo de forma continuada la normativa urbanística» con el consiguiente «perjuicio a las arcas municipales», según el auto dictado recientemente.