La izquierda se revuelve contra los jueces que la condenan por corrupción

Entre medias, se cruzaron otras causas de corrupción que siguen investigando los jueces o que se han saldado con condenas como el escándalo de los pagos con dinero público en prostíbulos de la Faffe o diversas piezas de la macrocausa Invercaria. La respuesta del PSOE ante dichas instrucciones ha sido la de revolverse, dependiendo del nivel en el escalafón de los encausados, contra los jueces que emitían los autos o dictaban las sentencias que sacaban a la superficie la carcoma de la corrupción que anidaba en parte de la Administración en la etapa final de su hegemonía de casi 37 años.

La reacción no ha sido diferente ante la última resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha caído como una losa sobre la UGT de Andalucía. El recién reelegido secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, no ha utilizado el polémico concepto de 'lawfare' (guerra o acoso judicial contra un colectivo) recogido en el acuerdo que permitió la investidura de Pedro Sánchez. Pero tampoco hizo falta.

El dirigente sindial insinuó que el tribunal de la Sección Tercera sincronizó a posta la sentencia que impone una pena de tres años de prisión al ex secretario regional de UGT Francisco Fernández Sevilla con la celebración del congreso de la organización en Barcelona donde ha renovado su liderazgo. Que «haya aparecido justamente» en pleno congreso del sindicato a nivel nacional es una coincidencia que «no me parece casualidad», aseguró este jueves en una entrevista concedida a Canal Sur Radio. Le repreguntaron si está sugiriendo que la Audiencia notificó la sentencia para contraprogramar el congreso de la UGT. Álvarez puntualizó que se limitaba a «relatar los hechos» y es que «justo en el momento en el que nos vamos a ir de un congreso tan importante para el sindicato y con un resultado tan positivo en los últimos años conozcamos la sentencia de un proceso que lleva como unos 15 años».

Fue entre 2013 y 2014 cuando en realidad se abrieron las diligencias previas que se han saldado con condenas de entre tres y seis meses a cinco antiguos responsables de la UGT-A por financiar de manera fraudulenta al sindicato con 40,6 millones de euros mediante subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos de formación. La entidad, que va a recurrir la sentencia, ha sido declarada responsable civil subsidiaria del total de la cuantía distraída a las arcas públicas. Pese a cuestionar la coincidencia, Álvarez expresó su respeto por una resolución que no había leído y defendió que la UGT-A «ha hecho sus deberes como nadie» porque «en el momento en que se abrió aquella crisis no quedó nadie en la dirección del sindicato».

El ‘número uno’ de la UGT no es el único representante de la izquierda que se apunta a la teoría de las supuestas interferencias de la Justicia en la política. El expresidente Manuel Chaves encuadró su condena en el caso ERE, tras su rehabilitación parcial por el TC, dentro de una «operación política y mediática con ropaje judicial» para «tumbar» treinta años de gobiernos socialistas. Ajustó, de manera velada, cuentas con los jueces que lo investigaron, juzgaron y condenados, dos de los cuales tienen aún pendiente dictar la sentencia definitiva de la pieza política del caso ERE tras la revisión del Constitucional. «Los jueces de instrucción, la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo no vieron o no quisieron ver algo que se aprende en la Facultad de Derecho, que una ley, por su propia definición, no puede ser ilegal», señaló en la sede del PSOE andaluz, que pisaba después de casi una década alejado de su partido.

Chaves replicaba así el argumento de los magistrados progresistas del TC, que consideraron vulnerados los derechos fundamentales de los acusados por el solo hecho de que las ayudas a empresas en crisis estaban dotadas económicamente en las leyes de presupuestos de la Junta, por lo que el sistema, a juicio, no era ilícito, en contra de lo recogido por las sentencias. El Gobierno acaba de condecorar a la exconsejera Magdalena Álvarez por sus valores constitucionales.

Llueve sobre mojado en el choque de trenes entre el PSOE y los jueces que le han investigado. La larga escalada de hostilidades comenzó con la instrucción de la juez Mercedes Alaya, a la que acusaba de hacer coincidir los picos de tensión del proceso judicial de los ERE —como las imputaciones de altos cargos y declaraciones más explosivas— con periodos electorales o los hitos de la agenda del Gobierno socialista.

Cuando se acercaban las elecciones generales de 2011, el PSOE llevó al terreno personal su estrategia de acoso y derribo. Pasó de asegurar que el escándalo era un bulo, cuando éste estalló, a la guerra sucia. Alfonso Guerra dejó caer que había «una relación fuerte personal» entre la jueza y el entonces alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), que «era compañero y dicen que algún expediente en común tuvieron». Desde el Ejecutivo, el exconsejero andaluz de Justicia y fiscal en excedencia, Emilio Llera, acusó a Alaya de falta de imparcialidad. A la magistrada tuvieron que ponerle escolta policial después de que miembros de UGT y CC.OO. le montaran un escrache a las puertas de los juzgados al grito de «qué fea y hortera».

El PSOE perdió la Junta en 2018 y le sucedió un gobierno del PP y Ciudadanos, con Juanma Moreno al frente, quien renovó su mandato por mayoría absoluta en 2022. Ayer, estando fresca la sentencia, salió en defensa de la actual dirección de la UGT-A. «Otra cosa es lo que ha sucedido en el pasado», distinguió.

La Junta de Andalucía, bajo su mando, ha activado por primera vez una ley que regula la participación de los agentes sociales en los presupuestos. Repartirá siete millones de euros entre la CEA, CCOO y UGT. Este último recibirá 1,77 millones de euros, lo mismo que CCOO, según recoge una enmienda del PP a las cuentas, informa Javier Alonso. Es el mismo sindicato que pidió sin éxito que Moreno testificase en el juicio que ha terminado condenando su gestión de las subvenciones para formación.