Cárcel para cinco excargos de UGT Andalucía por la financiación «fraudulenta» del sindicato con 40,6 millones en subvenciones

Cinco antiguos responsables de UGT de Andalucía, encabezados por su ex secretario general Francisco Fernández Sevilla, han sido condenados a penas de prisión de entre tres y seis meses de prisión y multas que suman hasta 225 millones de euros. Se trata del denominado caso de las facturas falsas de UGT-A que irrumpió en el año 2014, después de un goteo incesante de informaciones publicadas por diversos medios de comunicación como ABC.

El tribunal aprecia delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil en la actuación de la antigua cúpula de la federación. Diseñó y puso en práctica distintos mecanismos defraudatorios: facturas falsas, botes con los saldos inflados de las facturas, duplicidad de gastos y alquileres de aulas de las que era propietario el propio sindicato mediante «la creación de una situación artificiosa en perjuicio del erario público», precisa la resolución.

Dicho fraude se institucionalizó en el seno de la organización con el único fin de destinar a «fines privados de UGT-A fondos públicos confiados [por la Junta de Andalucía] al sindicato para el desarrollo de acciones de formación» de trabajadores y parados entre los años 2009 y 2013, cuando gobernaba el PSOE. Todo ello sucedió en lo peor de la pasada crisis económica que mandó al desempleo a miles de andaluces.

Aparte de las condenas de inhabilitación y prisión, así como de las multas personales, los cinco antiguos responsables sindicales tendrán que indemnizar de manera conjunta y solidaria a la Administración autonómica en la cantidad de 40.620.256,43 euros.

La resolución representa un doloroso golpe a las finanzas de la UGT de Andalucía, que deberá resarcir a la Administración autonómica por los 40,62 millones de euros defraudados en el caso de que no lo hagan los cuatro exdirigentes del sindicato condenados a su vez a multas de 50 millones de euros que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. La responsable de compras del sindicato, por su parte, ha sido sancionada con 25 millones de euros.

Los magistrados declaran responsable civil subsidiaria a la UGT de Andalucía. La sentencia no es firme y la federación ha anunciado que va a recurrirla ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia rechaza la atenuante de reparación del daño que solicitaron las defensas de los investigados. Para ello esgrimieron un acuerdo adoptado por UGT-A y el Consejo de Gobierno de Juanma Moreno (PP) para fraccionar el pago en 25 años de la deuda contraída por las cuantías no justificadas o defraudadas de las subvenciones recibidas para cursos de formación. Para la sala, dicha voluntad «no implica el pago de la deuda reclamada en este procedimiento de forma principal a los acusados y subsidiaria a la UGT-A, y menos cuando se condiciona su cuantía a lo que resulte de los expedientes de reintegro», impugnados por dicha entidad sindical. De hecho, algunas reclamaciones «están paralizadas» a instancias de la entidad.

La sentencia hace un severo reproche a la actuación de mandos de una organización que debe defender a los trabajadores. Subraya la «alarma social» de las conductas delictivas, teniendo en cuenta su «gravedad», el montante de las subvenciones analizadas por el perito (más de 100 millones), la cuantía de lo defraudado y las múltiples modalidades defraudatorias.

En un demoledor párrafo, los magistrados destacan el «perjuicio causado a los trabajadores a cuya formación estaban destinadas las subvenciones y en general para la sociedad», sobre todo porque dichas conductas son «ejecutadas por agentes sociales a los que, precisamente, se les conceden las subvenciones por su proclamada defensa de los intereses de los trabajadores y desempleados, nos determina a fijar la pena dentro de la horquilla punitiva en su valor máximo».

El principal condenado, a tres años de cárcel y al pago de una multa de 50 millones de euros, es el exsecretario general Francisco Fernández Sevilla por desviar 40.620.256,43 euros destinados a la realización de cursos de formación para personas desempleadas y ocupadas a financiar actividades propias del sindicato, «ajenas al fin social para el que las recibieron».

Las mismas condenas se imponen a otros tres excargos del sindicato: el exvicesecretario general de administración de UGT-A Federico Fresneda; la que fuera secretaria de gestión económica del sindicato María Charpín Osuna, y el entonces consejero delegado de la entidad Soralpe Enrique Goicoechea. También ha sido condenada, en su caso a seis meses y dos días de cárcel, la que fuera responsable del departamento de Compras, Dolores Sánchez Montaño, aunque en este caso como cómplice de los delitos referidos.

Se libran del castigo penal nueve proveedores utilizados por la organización para justificar las ayudas, que estaban acusados como cooperadores necesarios en el fraude.

El sindicato se valía de varias empresas para la obtención de «descuentos, comisiones y rappels de los proveedores que no figuraban en las facturas presentadas como justificación de gastos» ante la Junta, «con lo que, al ocultar su realidad, se conseguía imputar íntegramente su importe a la subvención sin tener en cuenta el descuento pactado», explica la sentencia. El tribunal estima que la responsabilidad que podría atribuírsele debe ser concretada en los expedientes de subvención objeto de este procedimiento y no a su relación global con la UGT-A.

La sala aplica a los condenados la atenuante de «dilaciones indebidas» en el proceso, dado que la imputación de los mismos se remonta al año 2014. La lentitud de la Justicia facilita así que las penas de hasta siete años de prisión solicitadas a los principales encausados por la Fiscalía y las acusaciones del PP y la Junta se vean reducidas en más de la mitad de tiempo.