Un intruso en un ERE recibió 60.000 euros de la Junta de Andalucía «sin bajarse del coche»

Márquez, que hoy es un anciano con una limitada capacidad auditiva y que se declara «medio analfabeto», es uno de los trece acusados que están siendo juzgados por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. Se le acusa de lucrarse con las subvenciones irregulares entregadas a este laboratorio fotográfico sevillano. Cinco ex altos cargos también se enfrentan a penas de hasta diez años de prisión.

De no ser porque se ha visto arrastrado por el 'tsunami' judicial de los ERE, Márquez, que había sido electricista en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, nunca se habría enterado que existía Surcolor. «No sé lo que es esto ni dónde está», contestó al fiscal Anticorrupción Manuel Fernández Guerra cuando le preguntó si la conocía. La aclaración es relevante porque su nombre y el de José Manuel López Espadas (ya fallecido), esposo de una concejal del PSOE en el Ayuntamiento sevillano de Camas, aparecieron de la noche a la mañana en la lista de trabajadores beneficiarios de una póliza de prejubilación financiada por la Junta con el beneplácito del entonces delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, que estaba presente en el juicio como acusado. Ambos recibieron importantes indemnizaciones económicas por un despido ficticio en una empresa donde nunca habían trabajado.

El ex alcalde socialista del municipio camero era concuñado de Márquez, «marido de mi cuñada», puntualizó el acusado, que quiso aclarar que su familiar, aunque había aprobado la operación, «jamás me ha ayudado en cuestiones de trabajo».

El caso es que tocado por la varita mágica de la Junta, como tantos otros intrusos, Márquez recibió unos ingresos como beneficiario de la póliza de Surcolor que ascendieron a 60.210 euros. Ni siquiera tuvo que presentarse en persona en la ventanilla de la Delegación de Empleo para aportar documentación. Otro hizo esa gestión por él, José Antonio García Prieto (fallecido en 2015), que era secretario de Política Municipal del PSOE de Camas y que apareció como intruso en otro ERE promovido en 2003 por la firma de confecciones Intersur SA, radicada en Morón de la Frontera.

«Yo no llegué a bajarme del coche, fue García Prieto quien llevó los sobres» con los documentos cuando acudió a la Delegación de Empleo en Sevilla entre marzo y abril de 2006 para recibir la ayuda, relató a la letrada autonómica Victoria Gálvez. En aquella visita le acompañaron el también difunto López Espadas –cuya prima costó a las arcas públicas 131.398 euros– y García Prieto, que llevaron la voz cantante en las gestiones. «A mí siempre me dijeron que era como una subvención que daba la Junta para mantenerse», afirma. Se lo contó otro concuñado suyo, José Acevedo, quien ya estaba disfrutando de una de esas rentas desde noviembre de 2003.

También declaró este lunes el gerente de Surcolor, Manuel Rafael Castilla Bustamante, quien aseguró en el juicio que se sintió «engañado» porque pensaba que en apariencia todo era legal, cuando no era así. El empresario confesó que este caso le «ha arruinado» la vida y nunca obtuvo ningún beneficio.

Por su parte, las defensas de los tres ex altos cargos ya condenados en la pieza política avanzaron que éstos se acogerán a su derecho a no declarar para expresar así su protesta por no haber sido excluidos de esta pieza, como también había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Por esta razón, anunciaron que su participación será «pasiva» en el proceso y sólo acudirán a las sesiones indispensables.