El juzgado reclama a Aguas de Huelva información sobre la contratación de la mujer del edil de Podemos de Aljaraque

Según ha podido confirmar ABC, el Instrucción 1 de Huelva –encargado de la investigación- ha reclamado a la empresa de aguas información sobre las contrataciones y expedientes de esta mujer, María José Canoura -número 12 de la lista de Sí Se Puede Aljaraque a las municipales de 2015, que se incorporó a trabajar a finales del pasado enero , después de que los concejales de la formación morada dieran marcha atrás y se anunciara un pacto a tres bandas (PSOEI, IU u Sí se puede Aljaraque) para gobernar el municipio.

En la denuncia que ha motivado la investigación, un colaborador de «Sí se Puede» Aljaraque mantiene que, tras anunciarse la moción de censura que habían suscrito el PP y la formación, se produjo una reunión (10 de enero) en el Bar Bernardino de Aljaraque, en la que José Luis Rodríguez (CCOO), «enviado político en representación del PSOE por Ignacio Caraballo, secretario general del partido y presidente de la Diputación», lanzó la oferta . De un lado, que Sí se Puede entrara a formar parte del Gobierno local con una concejalía y, de otra, un puesto de trabajo para la mujer del segundo concejal, Francisco Martín. En aquella reunión estuvieron además el otro edil Pedro Escalante, Juan Díaz Alonso (IU) y el mismo denunciante.

Los investigadores de la Guardia Civil están llevando a cabo en las últimas semanas toma de declaraciones en sede policial, bajo la dirección del Instrucción 1, que mantiene aún el secreto de las actuaciones. Según fuentes consultadas por este diario, personas vinculadas al restaurante en el que tuvo lugar la reunión ya han prestado declaración ante la Policía Judicial para confirmar qué representantes sindicales y políticos estuvieron presentes en la misma.

Fue después de esta reunión cuando se anunció que la moción de censura no seguiría adelante. Por su parte, el denunciante comenzó a grabar conversaciones con algunos de los supuestos implicados, que están también en manos de la juez. En una de las grabaciones el representante de CCOO, José Luis Rodríguez, afirmaba que firmar este acuerdo «sería un delito» con el riesgo de « meter a alguien en la cárcel ». «No quiero es que aparezca en ningún momento una conexión entre una cosa y la otra porque entonces vais a quedar como unos golfos que habéis hecho las cosas por dinero» afirmaba en aquella conversación telefónica.