Investigan por supuesto tráfico de influencias la renovación de la ayuda a domicilio de Ayamonte

Tras el examen de la documentación puesta en manos del juzgado, la autoridad judicial ( Primera Instancia e Instrucción 4 de Ayamonte) ha considerado que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal », según afirma en un auto al que ha tenido acceso ABC, y ha ordenado la primera diligencia, citando a declarar como testigo a la trabajadora que denunció por primera vez las supuestas anomalías ante el mismo Consistorio.

Esta empleada, delegada de personal de CCOO en la actual adjudicataria, M.I.R.V., denunció que fue llamada por la teniente de alcalde y también concejala de Servicios Sociales a una reunión con una empresa que tenía interés en presentarse al concurso para la renovación del contrato del referido servicio.

«Las empresas de ayuda a domicilio que están preparando sus proyectos para presentarse a la adjudicación del nuevo contrato me piden una reunión con el sindicato para que le resuelva algunas dudas», comentó Garfia a la representante sindical en un mensaje al teléfono, citándola a la reunión (celebrada el pasado marzo).

La reunión de trabajo se celebró con la presencia de Garfia, de dos representantes de otra empresa , de la delegada de CCOO y de la secretaria del comité, según consta en la denuncia que ha originado la apertura de la investigación.

La sindicalista afirma en su denuncia que los representantes de la empresa que estuvo en aquella reunión «le preguntaron cuestiones para la realización del proyecto técnico , que presentarán al concurso de licitación».

«A tal grado llegó a impresionar a las representantes sindicales (el contenido de la reunión) que, en defensa del principio de igualdad de concurrencia en el concurso de la empresa de la que forma parte, se vio obligada a denunciar ante el Ayuntamiento», por la reunión ya que se «intentó obtener información de la actual adjudicataria de sus propias trabajadoras para presentar mejor propuesta de licitación»”.

El grupo ADL considera que los hechos pudieran ser constitutivos de un presunto delito de tráfico de influencias, así como de prevaricación e igualmente de ser supuestamente «colaboradora de un fraude en la contratación pública del concurso que organiza en su calidad de cargo público, pretendiendo obtener datos por mediación de los empleados de su empresa».