Fallecen dos internos de la macrocárcel de Huelva en menos de una semana

El sindicato Acaip -Huelva, que ha trasladado sus condolencias por estas muertes, ha exigido a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior, que tome cartas en el asunto y «empiece a resolver los problemas , algunos endémicos, que sufre el centro ya que la Dirección del centro es incapaz de resolverlo ».

Según la organización, existe u n problema por «el controvertido sistema de reparto de la medicación » los fines de semana y festivos a una población reclusa que en muchos casos presenta severos problemas de drogadicción. La situación está siendo objeto de estudio por parte del Defensor del Pueblo y ha llegado al Congreso de los Diputados a través de preguntas parlamentarias, ha afirmado.

Acaip ha hecho hincapié en la falta de personal sanitario para dicho reparto y en las deficiencias en la implantación de un software de gestión sanitaria, que «costó la nada despreciable cifra de más de medio millón de euros y que el propio Gobierno admite, en respuesta a preguntas parlamentaria, que la aplicación genera listados de medicación poco fiables para su reparto entre la población reclusa. Ambos factores, ha incidido, suponen « un verdadero peligro para la vida de la población reclusa y la seguridad de los trabajadores ».

Por otro lado, el sindicato se ha referido al problema de acceso de los internos a poder comunicarse telefónicamente con el exterior, según adelantó ABC , por el robo de cableado de la línea de Telefónica que va de San Juan del Puerto al Polígono Tartessos, de la que dependen las cabinas que utiliza la población reclusa.

«Es inconcebible que un pueblo de Huelva con las características especíificas de un centro penitenciario y tras más de dos meses de continuas averías, finalmente haya provocado el colapso de las comunicaciones telefónicas con el exterior y afecte directamente a la seguridad de la población reclusa y los propios trabajadores».

La organización ha manifestado en este punto que ante «la mala gestión» del director del centro y por extensión de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, «son los trabajadores los que están sacando adelante esta grave situación». «Observamos con indignación y estupor - ha lamentado- cómo en redes socia les desde la más absoluta impunidad se vierten acusaciones y amenazas a los funcionarios de prisiones del centro penitenciario de La Ribera, sin que desde las autoridades administrativas y/o judiciales se hayan tomado iniciativas para tratar de frenar este despropósito de incitación a la violencia y a la difamación gratuitas».