La alcaldesa de Punta Umbría contrata una firma funeraria vinculada a su asesora

El portavoz de U nidos por Punta Umbría (UPU), principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento onubense, José Carlos Hernández Cansino, presentó ayer un recurso de reposición contra el decreto de la Alcaldía que adjudica el contrato a la citada sociedad. Impugna la decisión de la sucesora de Nevado por ser «nula de pleno derecho», ya que, según expone en un recurso armado de razones jurídicas, incurre en una incompatibilidad estipulada en la Ley de Contratos del Sector Público.

La referida norma prohíbe contratar a personal al servicio de la Administración, «su cónyuge o persona con la que mantenga análoga relación afectiva». Éste es el caso, señala Hernández, de Rafael Arias. El propio concejal de UPU advirtió de esta incompatibilidad en la mesa de contratación el 4 de febrero pasado, según el acta a la que ha tenido acceso este periódico. Sus avisos cayeron en saco roto y la regidora adjudicó el servicio a la empresa vinculada al entorno de Pérez Flores durante diez años a cambio de pagar un canon de 4.125 euros y el cobro de las tasas funerarias . Águedo fichó a Pérez como colaboradora en tareas de gobierno tres semanas después de cesar, tras la marcha de Nevado.

La asesora de la regidora intentó borrar el rastro de su relación con la empresa adjudicataria. Según relata Hernández en su recurso, dos días antes de presentar la oferta en el concurso vendió todas las participaciones a la pareja con la que convive (su domicilio fiscal es el mismo). El 7 de enero, con la licitación ya en marcha, Rafael Arias compró las 2.368 participaciones sociales de Pérez Flores por un precio de 2.368 euros (un euro por acción) convirtiéndose así en el principal socio con el 74% del capital. El 26% restante corresponde a Renata M. Pabich, una ciudadana de origen polaco que figura como administradora única de la sociedad. Pese a su empeño en desvincularse de la misma, la actual asesora municipal presentó el 26 de enero un escrito ante el Ayuntamiento acreditando que no tenía deudas tributarias con la hacienda local.

Al hilo de este concurso, UPU ha sacado a la luz más irregularidades. En noviembre de 2014, en lugar de convocar un concurso, Rodríguez Nevado prorrogó el contrato de explotación del tanatorio municipal con Joperive SL, una constructora que se hacía cargo de este servicio. Su secretaria personal, «con acceso inmediato y privilegiado» a la agenda del alcalde, también era socia única de la citada entidad desde el 4 de diciembre de 2013, como consta en el Registro Mercantil y denuncia el edil de UPU. El Ayuntamiento aseguró ayer ABC que va a estudiar el recurso y que mañana [por hoy] daría una respuesta. Este diario también ha intentado sin éxito recabar la versión de Pérez a través del Consistorio.